“Da náuseas verle sentado en el banco azul. Ha tapado una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso”.
Con esa dureza ha arrancado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La frase, pronunciada por Miguel Tellado, ha marcado el tono de una mañana marcada por la dimisión del jefe operativo de la Policía Nacional y por un cruce de acusaciones que ha elevado la tensión política desde el primer minuto.
Minutos antes, en los pasillos de la Cámara Baja y ante los periodistas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trataba de cerrar filas: “No sabíamos nada; si lo hubiésemos sabido, se le habría pedido su cese inmediato”.
Son las primeras explicaciones públicas del máximo responsable político del cuerpo, que —según ha precisado— solicitó información sobre la denuncia en cuanto tuvo conocimiento de su existencia, ayer mismo. Marlaska sostiene que el indicio más sólido de que no hubo información previa es que el abogado de la agente de la Policía, presunta víctima, ha afirmado que la denuncia se mantuvo en reserva hasta ayer por la tarde.
La dimisión, en las últimas horas, del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, se produce después de que un juzgado de Madrid lo haya citado a declarar el próximo 17 de marzo, tras admitir a trámite una querella contra él por un presunto delito de agresión sexual. La última crisis política ha sorprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en viaje oficial en India. Pero ni su ausencia ni la de otros siete ministros ha rebajado la tensión en el hemiciclo.
Además de Miguel Tellado, Ester Muñoz y Jaime de Olano, otros diputados del Partido Popular elevaron la presión con un mensaje claro: “Marlaska, dimisión”. La portavoz nacional, Muñoz, fue más allá al mezclar este episodio con otras polémicas y deslizar que el Ejecutivo convive con un fiscal general “que en vez de perseguir delitos, los cometía”, en alusión a la Fiscalía General del Estado.
Con el paso de la mañana, el tono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se endureció. “Digan fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y no actué, y entonces nos veremos en otras instancias. Son acusaciones de tal gravedad que no voy a permitir calumnias”, advirtió desde la tribuna, en respuesta a la diputada popular Miriam Guardiola, quien sostuvo que “no puede estar al frente del Ministerio”.
La declaración más política de Marlaska llegó al referirse a esa petición de dimisión, con una frase rotunda: solo dimitirá “si la víctima me lo pide”.
Ni indicios ni pruebas: la Moncloa defiende la gestión y reconoce el “monumental enfado” por las acusaciones de la oposición
Fuentes del Palacio de la Moncloa respaldan sin matices la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Nos enteramos por la prensa y tardamos una hora y media en reaccionar”, aseguran en el entorno del titular de Interior. Y contraatacan: “Quienes sí han conocido casos que afectaban a su partido y no actuaron fueron los del Partido Popular”.
En privado reconocen un “monumental enfado” por la dimensión política que ha adquirido el asunto. Consideran “grave” la acusación de que el Ejecutivo estuviera al tanto y optara por mirar hacia otro lado. “Se están diciendo cosas sin indicios ni pruebas”, lamentan, antes de lanzar una pregunta que resume su posición: “¿De verdad alguien cree que este Gobierno lo sabía y no hizo nada?”.
Desde la Moncloa insisten en un elemento que consideran clave: la denuncia se presentó directamente en un juzgado, no en una comisaría. Esa vía procesal —subrayan— impedía que el Ministerio del Interior tuviera conocimiento previo de los hechos hasta que trascendieron públicamente. Con ese argumento, el Ejecutivo intenta blindar su relato y trasladar la idea de que no hubo omisión, sino ausencia de información.
