Las claves del programa electoral de la ultraderecha Vox para el 29N: "prioridad nacional", cupos escolares para alumnos de "otras culturas" e ilegalización de partidos

La formación del líder ultra Abascal quiere prohibir a los migrantes sin papeles alquilar una vivienda y limitar su atención sanitaria a las urgencias graves, además de derogar las leyes de género y de Memoria Democrática

16 de noviembre de 2026 a las 11:50h
El programa electoral de la ultraderecha Vox (i), "Es sentido común"; y los candidatos liderados por Santiago Abascal para las elecciones del 29N (d). Elaboración propia (Imágenes de VOX y Europa Press).
El programa electoral de la ultraderecha Vox (i), "Es sentido común"; y los candidatos liderados por Santiago Abascal para las elecciones del 29N (d). Elaboración propia (Imágenes de VOX y Europa Press).

Vox quiere prohibir que las personas sin permiso de residencia puedan alquilar una vivienda en España. La medida figura entre las 115 propuestas con las que el partido de Santiago Abascal se presenta a las elecciones generales del 29 de noviembre. El programa de la ultraderecha lleva la "prioridad nacional" a la vivienda pública, las ayudas sociales y la elección de colegio. También promete limitar la asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular a las urgencias graves y reservar el Ingreso Mínimo Vital a quienes tengan la nacionalidad española.

El documento, publicado el pasado jueves, detalla a quién quiere excluir de esas prestaciones, pero deja abiertas decisiones que determinarían el alcance de buena parte de sus promesas. Propone bajar el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades sin fijar los nuevos tipos generales, ampliar la vivienda protegida sin decir cuántas casas construiría y recortar gasto sin cuantificar el ahorro. En el programa del PP, Feijóo ya había trasladado la idea de prioridad al acceso a determinadas ayudas mediante un criterio de arraigo. Vox va más lejos al utilizar expresamente la nacionalidad como criterio de preferencia o exclusión.

De militarizar la frontera de Ceuta a excluir a los migrantes del alquiler y las ayudas

Vox abre el programa con la militarización de la frontera y la expulsión inmediata de las personas a las que llama "invasores" tras la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, en la que murieron al menos 88 personas. Propone sanciones, suspender acuerdos y revisar la relación con Marruecos, además de promover el procesamiento de Pedro Sánchez y su Gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado. Entre los documentos desclasificados figura el aviso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió a los servicios marroquíes el 29 de julio sobre posibles entradas. El programa formula la acusación de traición sin exponer qué hechos concretos sustentarían ese delito.

Fuera de Ceuta, el partido pretende suprimir el arraigo, impedir futuras regularizaciones masivas y repatriar a quienes estén en situación irregular. También quiere endurecer el acceso a la nacionalidad y ampliar los supuestos en que podrían perderla quienes la hayan adquirido si cometen delitos graves o reiterados. Su propuesta de "remigración" busca facilitar el retorno de extranjeros que, según Vox, viven de subsidios o no contribuyen, sin definir cómo mediría esa contribución. A eso añade deportaciones por delitos y por la supuesta imposición de costumbres que juzgue ajenas. Para menores no acompañados prevé el retorno a sus familias o a instituciones de origen. La normativa europea prohíbe las expulsiones colectivas y obliga a valorar el interés superior del menor y comprobar que tendrá una acogida adecuada antes de ejecutar su retorno.

El recorte del Ingreso Mínimo Vital alcanzaría a personas que viven legalmente en España. La prestación ya exige, con excepciones, acreditar al menos un año de residencia legal y efectiva. Vox quiere reservarla a españoles y promover el retorno de los extranjeros que la cobran o reciben complementos autonómicos. En sanidad, limitar la atención a las urgencias graves supondría recortar la cobertura que hoy reconoce la ley a las personas sin residencia legal que cumplen sus requisitos. El partido también propone gravar las remesas enviadas al extranjero, retirar la financiación a las ONG que vincule con la inmigración irregular y cortar la cooperación con países que, a su juicio, la fomenten o la utilicen como presión.

En vivienda, Vox quiere que el propietario compruebe la residencia legal antes de firmar un contrato y propone dar preferencia a españoles en la vivienda protegida y las ayudas al alquiler. La Ley de Extranjería garantiza hoy a los residentes de larga duración el acceso a esas ayudas en las mismas condiciones que a los españoles. El programa también pide derogar la Ley de Vivienda, incentivar el alquiler de larga duración, regular los pisos turísticos y ampliar el suelo disponible. Promete desalojos en menos de 24 horas y tipificar como estafa lo que denomina "inquiocupación", sin explicar cómo distinguiría esos casos de un impago. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se terminaron unas 750.000 viviendas menos que hogares se crearon. Vox no fija un objetivo de construcción con el que medir su respuesta a ese desfase.

Rebajas de impuestos, recortes de gasto y vuelta a la energía nuclear

La rebaja fiscal es una de las grandes promesas sin presupuesto del programa. Vox plantea bajar el IRPF en función del número de hijos, reducir el IVA y el impuesto de sociedades y dejar en cero la cuota de los autónomos que ingresen menos del salario mínimo, con una cuota progresiva desde 50 euros por encima de ese umbral. Para la primera vivienda habitual propone un IVA del 0 % en obra nueva y bonificar el 100 % del impuesto de transmisiones en la compra de segunda mano, además de agravar la fiscalidad de compradores extracomunitarios y operaciones especulativas. El texto confía en el crecimiento y en una auditoría del gasto para compensar la pérdida de ingresos. Entre las partidas que señala están las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG, pero deja sin calcular cuánto ahorraría y cómo cubriría el resto.

En empleo, el partido quiere derogar la reforma laboral sin precisar qué reglas de contratación pondría en su lugar. Sostiene que la norma ha maquillado la temporalidad. La Encuesta de Población Activa sitúa en el 15,4 % la proporción de asalariados con contrato temporal en el tercer trimestre de 2026, frente al 26,2 % del mismo trimestre de 2021. Para las pensiones, Vox confía en mejores salarios, más empleo y mayor natalidad. También promete más gasto en dependencia, educación infantil gratuita de cero a tres años y que el Estado cotice por los españoles dedicados al cuidado de sus hijos. El programa deja sin cuantificar el coste de esas medidas.

El giro energético pasa por prolongar la vida de las nucleares y estudiar nuevas centrales, eliminar el tope a la inversión en redes eléctricas y facilitar la explotación de yacimientos. Vox también quiere suprimir las zonas de bajas emisiones y revertir normas europeas sobre el automóvil y las emisiones, mientras se opone a la instalación descontrolada de grandes plantas solares y eólicas. Para el campo promete un fondo de compensación, revisar las exigencias de la Política Agraria Común y las cuotas pesqueras y rechazar el acuerdo con Mercosur. Su parte comercial se aplica provisionalmente desde mayo y la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión Europea. El programa deja sin explicar qué cambios buscaría negociar con los demás socios.

La desregulación lleva una cifra concreta: derogar tres normas por cada ley que se apruebe. Vox también quiere eliminar la cita previa obligatoria, crear un expediente digital único y extender el silencio administrativo positivo, con excepciones como extranjería. Para el ferrocarril promete auditar la red, reforzar Cercanías y Media Distancia y electrificar líneas convencionales. Su plan del agua incluye interconectar todas las cuencas y terminar obras contra inundaciones. En ambos casos faltan las actuaciones que acometería primero, los plazos y el presupuesto.

Cupos escolares por "cultura", derogación de las leyes de género e ilegalización de partidos

Vox quiere fijar un máximo por aula de alumnos "procedentes de otras culturas" o con dominio insuficiente del español. El programa prevé aulas de nivelación, pero deja sin fijar el cupo y sin explicar quién determinaría la adscripción cultural de cada estudiante. También propone acabar con los menús halal y el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, y prohibir el burka y el niqab en todos los espacios públicos. Completa ese capítulo con la derogación de la ley educativa vigente, un currículo común, una prueba única de acceso a la universidad y prioridad nacional para elegir centro y acceder a ayudas escolares. En cultura, reivindica la tauromaquia y propone elevar las deducciones al mecenazgo.

El partido quiere derogar las leyes de género y la Ley de Memoria Democrática. Justifica el primer paso, entre otros argumentos, por lo que presenta como un aumento de las denuncias falsas. La Fiscalía General del Estado cifra en el 0,007 % la proporción de sentencias condenatorias por denuncia falsa sobre el total de denuncias por violencia de género entre 2009 y 2025. Vox promete reforzar la protección policial y judicial de las víctimas, aunque deja sin concretar qué medidas de protección mantendría. En el capítulo de familia reivindica la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la objeción de conciencia sanitaria, sin formular expresamente la derogación de las leyes del aborto o la eutanasia.

En seguridad, Abascal propone rebajar la edad de responsabilidad penal, hoy fijada en 14 años, y estudiar que determinados delitos violentos puedan castigarse incluso por debajo del umbral de inimputabilidad. El documento no dice a qué edad empezaría a exigirse esa responsabilidad ni qué nuevos delitos entrarían en la prisión permanente revisable. También reclama más gasto en defensa, equiparación salarial en las fuerzas de seguridad y recuperar el organismo de coordinación contra el narcotráfico en el sur. Sobre Gibraltar, pide aumentar la presión internacional para recuperar la soberanía española y anuncia un plan de inversiones para la comarca.

La ilegalización de partidos es una de las propuestas de mayor alcance institucional. Vox la plantea para formaciones y organizaciones que, en sus términos, atenten contra la unidad o la integridad territorial. También quiere recuperar la sedición, agravar la malversación, restringir los indultos por determinados delitos, endurecer las penas por ultrajes a los símbolos nacionales y que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Pide asimismo reformar el Tribunal Constitucional y RTVE sin detallar un nuevo sistema de nombramientos para ambos. La ley vigente reserva la disolución de un partido a los tribunales y, en los supuestos de vulneración de los principios democráticos, exige conductas graves y reiteradas. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que defender por vías pacíficas un cambio del marco constitucional está amparado por el pluralismo político.

Sobre el autor
Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
Jaime Barrionuevo

Adjunto al Director de ElConstitucional.es

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