El programa con el que Alberto Núñez Feijóo aspira a gobernar tras el 29 de noviembre fija objetivos de gran alcance y deja para después varias decisiones que determinarían su impacto. El PP promete construir un millón de viviendas, sumar 4.500 médicos de Atención Primaria y movilizar más de 300.000 millones de euros en infraestructuras. También quiere derogar la Ley de Vivienda y dar prioridad en determinadas ayudas a quienes acrediten arraigo en España. El documento reúne 249 puntos numerados en 82 páginas. Ocho aparecen reservados para la campaña y el conjunto carece de una memoria económica que permita calcular el coste de las medidas.
El margen para aplicarlo dependerá de los apoyos que reúna el PP en el Congreso. 40dB. sitúa a los populares en 131 escaños y a la ultraderecha Vox en 61, una suma de 192, 16 por encima de la mayoría absoluta. Sigma Dos proyecta entre 131 y 137 diputados para el PP y entre 62 y 70 para Vox. Los dos sondeos dibujan una vía clara para la investidura de Feijóo mediante un acuerdo con Abascal. Queda por ver si ese apoyo se traduciría en una coalición o en un pacto desde fuera del Gobierno. Feijóo defiende gobernar en solitario y ha evitado cerrar la puerta a la primera opción.
Un millón de viviendas y un giro en el alquiler con la derogación de la ley
El PP quiere acelerar la construcción con una nueva Ley del Suelo, movilizar terrenos públicos y privados y resolver las licencias de obra en tres meses. También propone transformar oficinas y locales en viviendas, financiar la urbanización de suelo e impulsar la construcción industrializada. La escala del objetivo se aprecia al compararla con las 51.406 viviendas terminadas en España en el primer semestre de 2026. Completar un millón en cuatro años exigiría una media de 250.000 al año, cerca de dos veces y media el ritmo del primer semestre. El programa promete publicar las viviendas iniciadas y terminadas, pero carece de metas anuales y de una cifra propia para el alquiler público dentro de ese millón.
Para quienes ya viven de alquiler, el cambio más inmediato que plantea el PP es legislativo. Quiere suprimir las zonas tensionadas y el índice de referencia que se aplica a determinados contratos. En su lugar, propone una deducción en el IRPF para inquilinos según sus ingresos y ventajas fiscales para los propietarios particulares que, al vencer el contrato, lo renueven por tres años con una subida inferior al IPC. El efecto de esa segunda medida dependería de cuántos propietarios acepten acogerse. El texto tampoco aclara qué régimen transitorio aplicaría a los contratos sujetos a los límites actuales.
El mayor esfuerzo fiscal en vivienda se dirige a la compra. El PP plantea bajar del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años y permitir su pago fraccionado. También ofrece una cuenta de ahorro con deducción y amplía el aval público para facilitar la entrada de la hipoteca. Son medidas que pueden ayudar a quienes tienen ingresos para afrontar la cuota pero carecen de ahorros. Para los hogares que siguen sin poder financiar una compra, el alivio dependería de la deducción del alquiler y de la oferta asequible que llegue a construirse.
Fuera de la vivienda, Feijóo plantea actualizar el IRPF con la inflación, reducirlo para rentas bajas y medias y conceder a trabajadores y autónomos de 18 a 35 años una rebaja que empezaría en el 100% durante su primer año de tributación y se reduciría en los tres siguientes. También propone un IVA del 0% para alimentos básicos, incluidas la carne y el pescado, mientras persista la pérdida de poder adquisitivo. El documento tampoco cifra la merma de ingresos ni el ahorro que espera obtener con la reducción de ministerios, la revisión de subvenciones y la lucha contra el fraude. La auditoría de los primeros cien días serviría para preparar los primeros presupuestos, cuando habría que traducir esas promesas a cifras.
En el capítulo laboral, el programa prevé que el umbral del IRPF suba con el salario mínimo, aunque no fija cuánto debería aumentar el propio salario mínimo ni propone una reducción general de la jornada. Para las bajas médicas, combina una cobertura de hasta el 100% de la base reguladora en enfermedades graves y prolongadas con un mayor papel de las mutuas y premios a las empresas que mejor gestionen la incapacidad temporal. El texto deja pendiente cómo se mediría esa gestión. Feijóo también anunció en la presentación una renta de activación que agruparía el ingreso mínimo vital y distintos subsidios, compatible con trabajar desde el primer día.
El PP lleva al programa la prioridad por arraigo y abre la pérdida de nacionalidad por delitos graves
La medida 98 establece que el vínculo con España dará prioridad en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos. El PP cita el empadronamiento, los años de cotización, el tiempo de residencia y la contribución al sistema, pero no concreta qué prestaciones se verían afectadas, cuántos años se exigirían ni qué peso tendría cada criterio. La fórmula se acerca a la "prioridad nacional" que defiende la ultraderecha Vox, con una diferencia expresa en el texto del PP, que impide utilizar la nacionalidad como único criterio. El alcance de esa cautela dependería de cómo se redacte la norma y de a quién deje fuera en la práctica.
El antecedente más cercano está en la Comunitat Valenciana. Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha dado el paso para recurrir ante el Constitucional 20 preceptos de la ley autonómica aprobada por PP y Vox, entre ellos los relativos al acceso a vivienda. El Ejecutivo aprecia un problema de igualdad en los requisitos de arraigo. El recurso valenciano se refiere a una ley concreta y no resuelve de antemano qué ocurriría con una regulación estatal, cuyo contenido todavía está por definir.
En extranjería, el PP propone cupos anuales de contratación por sectores, visados por puntos y permisos temporales para buscar empleo. El propio programa admite que la construcción podría necesitar trabajadores contratados en origen para cumplir sus objetivos. A la vez, endurece la otra vía de acceso al mercado laboral, la de quienes ya viven en España sin autorización, al plantear que el arraigo sea excepcional y prohibir las regularizaciones que califica de masivas. Para los menores migrantes no acompañados, quiere sustituir el reparto entre comunidades como respuesta principal por un sistema de protección individualizada que facilite el retorno, con mecanismos alternativos para acreditar las garantías de acogida.
El cambio de mayor alcance aparece en la futura Ley de Nacionalidad. Feijóo quiere exigir, entre otros requisitos, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. También plantea que quienes no sean españoles de origen puedan perder la nacionalidad tras una condena firme por determinados delitos graves, evitando la apatridia. El Código Civil ya prevé causas de pérdida para quienes han adquirido la nacionalidad, pero una condena por esos delitos no figura entre ellas. Si la medida implicase perder también la ciudadanía de la Unión, entraría en juego la jurisprudencia europea sobre el examen individual de las consecuencias.
El programa también propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, eliminar la libre autodeterminación registral del sexo y computar al concebido no nacido para determinar las ayudas familiares. La medida sobre el registro supone un cambio respecto a la ley vigente, que permite a las personas de 16 años en adelante solicitar por sí mismas la rectificación y establece procedimientos específicos para menores. El PP sí recoge medidas contra la trata y los matrimonios forzados y prevé reforzar la protección de las víctimas de violencia machista. En el documento publicado no anuncia una derogación de la ley del aborto ni de la de eutanasia, aunque sí propone una ley nacional de cuidados paliativos.
Dos prórrogas y elecciones, más poder para los jueces y un plan de inversión a quince años
Feijóo propone que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos obligue a disolver las Cortes y convocar elecciones. La Constitución establece hoy la prórroga automática de las cuentas anteriores cuando las nuevas no están aprobadas al comenzar el ejercicio. El programa promete promover las reformas necesarias para introducir ese límite, pero deja sin precisar por qué vía lo haría. Sí concreta otra obligación que afectaría a cualquier negociación tras el 29N, la de publicar íntegramente los pactos de investidura y los acuerdos de apoyo parlamentario.
En la Justicia, el PP quiere que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial y que el fiscal general tenga un mandato único de cinco años, desligado del Gobierno que lo propuso. En este último caso incorpora dos condiciones relevantes, un informe vinculante del Consejo para el nombramiento y el cese automático si el fiscal general es procesado. También plantea que los candidatos al Tribunal Constitucional lleven cinco años fuera de cargos políticos. Junto a esas reformas, el PP se compromete a derogar las leyes de Amnistía y Memoria Democrática, sustituir esta última por una ley de concordia y reformar RTVE y EFE en los primeros cien días, sin especificar en el programa cómo se elegirían sus direcciones.
El capítulo territorial promete más recursos para el conjunto de las comunidades, un fondo transitorio de nivelación y una negociación multilateral del nuevo sistema de financiación. El PP rechaza nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente fuera del sistema común. De ese acuerdo dependerían parte de sus compromisos en sanidad y educación. Incorporar al menos 4.500 médicos de Atención Primaria requiere coordinar contrataciones con las autonomías, y la gratuidad de la escuela infantil de cero a tres años se plantea con una financiación al 50% entre el Estado y las comunidades. En pensiones, Feijóo se compromete a mantener la revalorización con el IPC, una garantía que ya recoge la legislación vigente.
La mayor cifra del programa, más de 300.000 millones de euros para infraestructuras, se proyecta a quince años y suma recursos públicos y privados. El PP promete dar prioridad al mantenimiento y revisar las limitaciones temporales de velocidad de la red ferroviaria. Falta saber qué parte de esa inversión se ejecutaría en los primeros cuatro años y cuánto asumiría el Estado. El calendario sí es más concreto en energía. En cien días, el PP quiere iniciar la tramitación para prolongar la vida de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Mantiene la descarbonización como objetivo y anuncia una revisión del plan de energía y clima.
En política exterior, el PP mantiene el apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania y se compromete a someter a las Cortes los compromisos internacionales en defensa, sin fijar en estas páginas un porcentaje de gasto militar sobre el PIB. Para Gaza reclama la protección de la población civil y una salida diplomática con Israel y los países árabes. Sobre el Sáhara Occidental, promete respaldar los esfuerzos de Naciones Unidas para una solución aceptable para las partes y volver a una política de equilibrio entre Marruecos y Argelia, sin precisar si revertiría el respaldo del Gobierno de Sánchez al plan de autonomía marroquí.
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