Los gobiernos autonómicos del Partido Popular han abierto este jueves la puerta a llevar los decretos de vivienda a los tribunales si el Congreso los convalida este viernes. Castilla y León ha anunciado que recurrirá, mientras otras comunidades estudian sus próximos pasos. Sus principales objeciones son el reparto de competencias, las obligaciones que recaerían sobre las autonomías y la "inseguridad jurídica" que atribuyen a las normas.
La posición más concreta la ha fijado el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco. Su portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que la Junta prepara los recursos porque considera que los decretos invaden competencias autonómicas y perjudican a Castilla y León. Su presentación queda condicionada a que las medidas superen la votación parlamentaria.
Carriedo ha reprochado al Gobierno una "exclusión total" de las comunidades durante la elaboración de los textos. Entre las obligaciones que cuestiona figura que la Administración autonómica deba asumir pagos del alquiler en determinadas situaciones de impago. También ha criticado la sucesión de normas que modifican las condiciones de los contratos en días consecutivos, un argumento que comparte la dirección nacional del PP.
Desde Génova respaldan que sus gobiernos autonómicos acudan a la Justicia en defensa de sus competencias, según fuentes 'populares' citadas por Europa Press. El aviso añade una posible impugnación judicial al rechazo parlamentario que ya anunció Alberto Núñez Feijóo. Por ahora, otras autonomías prefieren conocer el resultado del Congreso antes de concretar actuaciones.
Los presidentes del PP cuestionan los efectos sobre el alquiler
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al Ejecutivo de generar inseguridad con unos decretos que "igual no duran ni horas". También ha reprochado a Sánchez un "uso electoralista" de la vivienda tras las protestas y ha defendido a las familias que destinan sus ahorros a comprar una propiedad para alquilarla.
En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cuestionado que el Gobierno centre su discurso en los grandes fondos cuando, según sostiene, la mayoría de los arrendadores son pequeños propietarios. Ha denunciado que los textos les trasladan cargas y ha reclamado diálogo con las autonomías. Frente a las medidas estatales, reivindica aumentar la construcción de viviendas.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, también ha advertido de que cargar sobre los propietarios la vulnerabilidad de los inquilinos reducirá la oferta. El planteamiento común de estos ejecutivos es que la protección social debe acompañarse de garantías para los arrendadores y de actuaciones que incrementen el número de viviendas disponibles.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado las medidas como un agravio a 28 millones de propietarios, a los que, según ha dicho, se trata como "sinvergüenzas". Ha pedido respeto para "la hucha de la clase media" y ha defendido que puedan alquilar sus inmuebles o dejárselos a sus hijos. Su argumento mezcla a quienes viven en su propia casa con quienes la arriendan, situaciones diferentes ante las prórrogas de alquiler que discute el Congreso. Madrid todavía no ha anunciado un recurso concreto.
El Ministerio de Vivienda defiende el rigor del texto
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anticipado que habrá recursos, pero ha defendido la preparación jurídica de las medidas. "No tengo temor porque es un texto que ha estado trabajado con rigor", ha afirmado este jueves en una entrevista en 'Hoy por Hoy', de la Cadena SER.
Rodríguez ha cuestionado que "gobiernos autonómicos o partidos políticos como el PP reiteradamente recurren todo lo que es bueno para la gente". Su intervención se ha producido por la mañana, antes de que varias autonomías concretaran sus advertencias, dentro de la defensa del paquete aprobado el martes por el Consejo de Ministros.
La ministra también ha señalado la negativa de Ayuso a declarar zonas tensionadas, una herramienta de la Ley de Vivienda para contener los alquileres. Ha explicado que el nuevo decreto impedirá actualizar las rentas que superen el índice estatal de referencia aunque la comunidad no haya declarado esa zona. Además, ha rechazado que proteger a los inquilinos provoque necesariamente una retirada de viviendas y ha reconocido que algunas medidas necesitarán desarrollo reglamentario.
La alternativa del PP se centra en construir un millón de viviendas durante una legislatura, reformar la Ley del Suelo para agilizar trámites y reforzar la protección de los propietarios con su propuesta contra la ocupación. El partido también plantea rebajas fiscales para facilitar la compra, especialmente a los jóvenes, y ayudas para rehabilitar inmuebles. Se trata de sus compromisos si llega al Gobierno.
La votación de este viernes decidirá qué medidas continúan vigentes. El primer decreto reúne la protección frente a desahucios hasta 2030, las prórrogas extraordinarias de dos años para determinados alquileres, límites a las compras especulativas e incentivos fiscales. El segundo regula la renovación automática de los contratos y las indemnizaciones cuando el propietario los resuelve sin una causa contemplada en la norma.
El PNV apoyará el primer texto y rechazará el segundo, que carece de apoyos suficientes. Podemos respaldará ambos. Junts tiene convocada a su dirección a las 21.00 horas para decidir su voto, del que depende la convalidación del paquete principal. Sánchez ha pedido esta tarde a los grupos que dejen a un lado las confrontaciones partidistas y lo aprueben por una cuestión de "pura humanidad".
