Los partidos políticos con representación en el Congreso han recibido durante la primera mitad de 2026 alrededor de 27,7 millones de euros de dinero público para sostener su funcionamiento ordinario y pagar sus gastos de seguridad. La previsión anual supera los 55,4 millones, según las cantidades publicadas por el Ministerio del Interior en el Boletín Oficial del Estado.
El segundo trimestre ha supuesto el pago de unos 13,17 millones para la actividad habitual de las formaciones y otros 676.550 euros para protección. Son prácticamente las mismas cantidades que se abonaron entre enero y marzo, ya que las subvenciones se distribuyen mediante doce mensualidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, todavía prorrogados.
La dotación prevista para todo el ejercicio asciende a 52,7 millones de euros para funcionamiento y 2,7 millones para seguridad. Estas ayudas permiten pagar sedes, personal, servicios, campañas internas, suministros y otros gastos derivados de la actividad política e institucional. Las partidas de seguridad cubren las medidas de protección que necesitan los partidos para desarrollar su trabajo.
El PP se acerca a los 20 millones anuales
El Partido Popular, primera fuerza del Congreso con 137 diputados, recibe la cantidad más elevada. Tiene asignados 18,88 millones para funcionamiento ordinario y cerca de 970.000 euros para seguridad. En conjunto, Génova dispondrá de unos 19,85 millones de euros públicos durante 2026 por estas dos vías.
El PSOE cuenta con 14,83 millones para su actividad, mientras que el PSC recibe otros 2,75 millones. Al sumar los fondos de seguridad correspondientes a ambas organizaciones, los socialistas alcanzan aproximadamente 18,48 millones de euros.
La ultraderecha Vox ocupa el tercer puesto, con 6,15 millones para funcionamiento y casi 316.000 euros destinados a protección. Su asignación conjunta ronda los 6,47 millones. El espacio que concurrió a las generales bajo la coalición Sumar tiene reservados 6,03 millones para actividad ordinaria y cerca de 310.000 euros para seguridad.
La diferencia entre las principales formaciones responde al resultado de las elecciones del 23 de julio de 2023. La ley establece que una tercera parte del crédito se distribuya según el número de escaños y las otras dos terceras partes en proporción a los votos obtenidos por cada candidatura con presencia en el Congreso.
Podemos mantiene su parte del acuerdo con Sumar
El BOE desglosa la cantidad correspondiente a cada partido que integró la candidatura de Sumar en las últimas generales. Movimiento Sumar tiene asignados alrededor de 1,45 millones anuales y Podemos percibirá cerca de 1,39 millones, equivalentes al 23% del dinero destinado a la coalición.
Izquierda Unida supera los 1,14 millones, Catalunya en Comú recibe aproximadamente 1,08 millones y Más Madrid se queda cerca de los 436.000 euros. El resto se reparte entre Compromís, Verdes Equo, Drago Canarias, Alianza Verde y Més per Mallorca conforme al acuerdo registrado antes de las elecciones.
La ruptura política y parlamentaria entre Sumar y Podemos no modifica automáticamente ese reparto. Las cantidades proceden del resultado obtenido por la candidatura conjunta en 2023 y se abonan según el pacto que sus integrantes comunicaron a la Junta Electoral Central.
Entre los partidos territoriales, ERC tiene asignados 1,03 millones para funcionamiento durante el conjunto del año. Junts recibirá algo más de 933.000 euros, EH Bildu cerca de 794.000 y el PNV unos 659.000. Las cantidades bajan hasta los 276.000 euros del BNG, los 221.000 de Coalición Canaria y los casi 127.000 de UPN.
Una financiación pública para reducir la dependencia privada
La financiación pública de los partidos parte de su función constitucional como instrumentos de representación y formación de la voluntad política. El modelo español combina subvenciones del Estado con cuotas de afiliados, donaciones particulares, créditos, rendimientos patrimoniales y otras fuentes privadas reguladas por ley.
El objetivo de las aportaciones públicas es garantizar que las formaciones dispongan de recursos estables y reducir su dependencia de grandes donantes o intereses económicos. A cambio, los partidos deben presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, publicar determinados datos económicos y acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El pago puede quedar retenido cuando una organización incumple el deber de entregar y hacer públicas sus cuentas anuales.
Los casi 55,4 millones recogidos en estas resoluciones representan únicamente las subvenciones estatales para funcionamiento ordinario y seguridad. La cifra total de financiación pública es mayor, ya que aquí quedan fuera las ayudas para gastos electorales, las aportaciones autonómicas y locales, el dinero que reciben los grupos parlamentarios y las subvenciones vinculadas a fundaciones políticas.
El Ministerio del Interior volverá a publicar tras el verano las cantidades correspondientes al tercer trimestre. Si se mantiene la distribución presupuestaria vigente, los partidos cerrarán diciembre con más de 52,7 millones para su actividad ordinaria y 2,7 millones para protección.
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