El PSOE ha iniciado una recogida de firmas para reclamar al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del voto de españoles nacionalizados al amparo de la conocida como 'ley de nietos'. Ferraz ha enviado un correo a su militancia en el que presenta la medida como una "amenaza real" para la democracia y pide una movilización inmediata.
"Si miles de personas nos unimos y alzamos la voz hoy, ejerceremos la presión necesaria", sostiene el mensaje remitido por el partido. Los socialistas advierten de que el Supremo está estudiando el caso y consideran urgente actuar antes de que dicte una resolución definitiva.
La campaña abre un nuevo frente político en una disputa que ya se libra en los tribunales. Este mismo lunes, la Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Supremo y le ha reprochado haberse excedido al restringir de forma cautelar la participación electoral de ciudadanos cuya nacionalidad ya ha sido reconocida.
El origen de la suspensión
La llamada 'ley de nietos' es una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite adquirir la nacionalidad española, entre otros supuestos, a descendientes de quienes perdieron o renunciaron a ella por el exilio. La controversia se concentra en la instrucción con la que el Ministerio de Justicia desarrolló su aplicación. Ese texto presume la condición de exiliados de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La ultraderecha Vox e Iustitia Europa acudieron al Supremo contra un acuerdo de la Junta Electoral Central relacionado con esa instrucción. El tribunal acordó el pasado 8 de septiembre limitar cautelarmente la presencia en el censo electoral de los nacionalizados por esa vía que carezcan de pruebas documentales adicionales sobre el exilio de sus ascendientes. Los magistrados apreciaron un "peligro fundado y real" de que el aumento del censo pudiera afectar a futuras elecciones.
La medida alcanza al derecho al voto de los afectados, pero el procedimiento no revisa individualmente las nacionalidades que ya les fueron concedidas. Esa diferencia resulta decisiva para entender el recurso del Gobierno. La Abogacía sostiene que el Supremo ha entrado a valorar una instrucción de Justicia que no fue impugnada en esta causa y que ha anticipado, mediante una medida cautelar, parte de la decisión que correspondería adoptar al resolver el fondo del asunto.
El Ejecutivo cuestiona también el riesgo electoral invocado por los magistrados. Frente al incremento general del censo de residentes en el extranjero que examinó el tribunal, los servicios jurídicos del Estado sitúan en 168.896 las nacionalidades concedidas mediante la presunción de exilio discutida en el procedimiento. "Nadie puede predecir el sentido del voto" de esas personas, advierten en su recurso.
La ofensiva de Ferraz
El PSOE ha llevado esa discusión jurídica a su militancia con un mensaje mucho más combativo. Acusa a la derecha y la extrema derecha de querer convertir a estos españoles en "ciudadanos de segunda" y sostiene que deben poder participar en las elecciones en igualdad de condiciones. El correo señala tanto al PP como a Vox, aunque el recurso que dio origen a la medida cautelar fue promovido por la ultraderecha Vox e Iustitia Europa.
Las firmas buscan respaldar públicamente la petición de que se restituya el voto. La decisión sobre la medida cautelar corresponde al Supremo, que debe examinar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Ferraz presiona desde la política mientras los servicios jurídicos del Gobierno intentan revertirla por la vía judicial.
Para los españoles afectados, la cuestión inmediata es si podrán figurar en el censo y votar cuando vuelvan a convocarse elecciones. Esa posibilidad depende ahora de la respuesta del tribunal al recurso y de la resolución que adopte después sobre el procedimiento principal.
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