El Gobierno de España ha acordado la desclasificación de 153 unidades documentales del 23-F, lo que representa en torno al 23% del total de la documentación localizada hasta el momento en el marco del proceso de revisión de archivos. La decisión forma parte de una iniciativa orientada a reforzar la transparencia institucional y facilitar el acceso a información histórica que hasta ahora permanecía sujeta a distintos niveles de reserva.
Según ha informado el Ejecutivo, la medida afecta únicamente a aquellos documentos cuya divulgación no compromete la seguridad del Estado ni otros intereses sensibles. El proceso de análisis continúa abierto y no se descarta que nuevas unidades puedan ser revisadas en fases posteriores, una vez completadas las evaluaciones técnicas y jurídicas correspondientes.
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