El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla un total de 27.232 plazas para reforzar la Administración General del Estado. De ellas, 26.886 corresponden a la oferta ordinaria, 20.541 de turno libre y 6.345 de promoción interna, a las que se suman 346 plazas extraordinarias destinadas a hacer frente a emergencias climáticas, en línea con las prioridades fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que esta OEP marca “un salto trascendental” en la modernización del sector público, con especial énfasis en la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial. En este sentido, la oferta incluye 1.700 plazas tecnológicas, un 42% más que en 2025, y, por primera vez, especialidades específicas en IA, ciberseguridad y ciencia de datos dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
La convocatoria también introduce cambios estructurales en la planificación del empleo público, como la eliminación de la tasa de reposición, lo que permite diseñar la oferta en función de las necesidades reales de la Administración. Además, se refuerzan áreas estratégicas como la transición ecológica, con 852 plazas vinculadas al Ministerio para la Transición Ecológica, las infraestructuras de transporte, con 601 puestos en el Ministerio de Transportes, y la seguridad pública, con 1.589 plazas de personal civil dependiente de los ministerios del Interior y de Defensa.
Por otro lado, el Gobierno ha puesto el foco en mejorar los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, con el refuerzo de la red de oficinas de organismos como la Seguridad Social, el SEPE o la Agencia Tributaria, así como con una oferta récord en sanidad pública estatal, que alcanza las 1.037 plazas. Asimismo, se han establecido medidas para agilizar los procesos selectivos, que no podrán prolongarse más de un año, y se mantiene el compromiso de reservar un 10% de las plazas para personas con discapacidad, consolidando así una política de empleo público orientada a la inclusión y la eficiencia.
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