La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado atender las peticiones de la ultraderecha Vox para apartar de las elecciones generales del 29 de noviembre a tres candidatos de EH Bildu y promover una investigación sobre la ilegalización de la coalición. El organismo ha respondido a la formación de Santiago Abascal que carece de competencias para adoptar esas medidas.
La decisión supone un revés para el intento de Vox de llevar a la autoridad electoral su ofensiva contra la izquierda abertzale en plena precampaña. La ultraderecha había señalado a Floren Aoiz, Sonia Jacinto y Marije Fullaondo, a quienes atribuía supuestos "delitos de sangre", y pedía que fueran excluidos de las candidaturas.
En su acuerdo, adoptado este jueves, la JEC recuerda que son las juntas electorales provinciales las encargadas de examinar las listas y comprobar si sus integrantes reúnen los requisitos legales para ser elegidos. Por tanto, el órgano central no ha resuelto sobre la elegibilidad individual de los tres candidatos; ha explicado que esa comprobación corresponde a las juntas provinciales.
La Junta añade que, si Vox discrepa de la decisión que adopten esos órganos sobre la proclamación de las candidaturas, podrá acudir a la vía del recurso contencioso-electoral. Las listas están siendo examinadas dentro del procedimiento previo a los comicios.
La JEC tampoco acepta la solicitud de investigar una eventual ilegalización de EH Bildu. Para ello remite a Vox a la Ley de Partidos, que reserva a una sala especial del Tribunal Supremo la declaración judicial de ilegalidad y disolución de un partido y establece quién puede impulsar ese procedimiento. "La Junta Electoral Central carece de competencia para acordar la apertura de una investigación dirigida a la ilegalización de un partido político", concluye el organismo, que añade que, si apreciara indicios de delito, podría ponerlos en conocimiento de la Fiscalía.
Los candidatos señalados por Vox y sus procesos judiciales
Los tres dirigentes a los que Vox quería apartar tienen trayectorias y antecedentes judiciales distintos. Las resoluciones sobre ellos no permiten presentar sus casos como si fueran una misma condena por delitos de sangre, pese a la acusación utilizada por la formación de Abascal.
Floren Aoiz encabeza la candidatura de EH Bildu al Senado por Navarra. Fue condenado en 1997 junto a otros miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por colaboración con banda armada, pero el Tribunal Constitucional anuló aquellas condenas en 1999. Más tarde, en 2014, recibió una condena de un año y seis meses por integración en organización terrorista en el caso de las 'herriko tabernas'.
Sonia Jacinto, candidata al Senado por Gipuzkoa, fue condenada en el caso Bateragune, en el que también fue juzgado Arnaldo Otegi. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en 2018 que los acusados no habían sido juzgados por un tribunal imparcial. El Supremo anuló la sentencia y acordó repetir el juicio, pero el Constitucional impidió después una nueva vista al considerar que ya se habían cumplido las penas y no podían ser juzgados de nuevo por los mismos hechos.
Por su parte, Marije Fullaondo, elegida diputada por Bizkaia en 2023, fue condenada a dos años de prisión y a una inhabilitación para cargo público de ámbito municipal por integración en organización terrorista, en relación con su actividad en la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna. Fullaondo figura de nuevo como número dos en la lista al Congreso por Bizkaia, detrás de Oskar Matute, según las candidaturas presentadas por la coalición. Su caso es el único de los tres señalados por Vox que afecta a una candidatura a la Cámara Baja; Aoiz y Jacinto concurren al Senado.
EH Bildu afronta el 29N con un sondeo que la sitúa primera en Euskadi
La ofensiva de la ultraderecha Vox contra EH Bildu llega en vísperas de unas elecciones generales en las que la coalición soberanista aspira a reforzar su presencia en el Congreso. El Sociómetro del Gobierno vasco publicado este viernes la sitúa como primera fuerza en Euskadi para el 29N, tanto en votos como en escaños.
Según la encuesta, EH Bildu obtendría el 29,1% de los votos y siete diputados en las tres provincias vascas, dos más que en las generales de 2023. El PSE-EE quedaría en segunda posición con el 24,7% y cinco escaños, seguido del PNV, con el 21,9% y cuatro diputados. El PP conservaría dos representantes.
La proyección concede a la coalición abertzale tres escaños por Bizkaia, tres por Gipuzkoa y uno por Álava. Los dos que ganaría respecto a 2023 llegarían por Bizkaia y Gipuzkoa, donde el sondeo prevé que pierdan su representación, respectivamente, el espacio que concurrió como Sumar en las anteriores generales y el PNV.
El avance en voto sería especialmente visible en Gipuzkoa, donde la encuesta atribuye a EH Bildu un 36,9%, frente al 31,15% que obtuvo en 2023. En Bizkaia pasaría del 20,64% al 25,9%, según la estimación, y en Álava subiría del 19,51% al 23,7%, aunque mantendría allí un diputado.
El estudio no incluye Navarra, donde EH Bildu logró un escaño en las anteriores generales. Si conservara ese diputado y se cumpliera la proyección para las tres provincias vascas, la coalición alcanzaría ocho representantes en el Congreso, frente a los seis obtenidos en 2023.
El sondeo también refleja la disputa entre EH Bildu y el PNV por el liderazgo del espacio nacionalista vasco. En las generales de 2023 ambas fuerzas lograron cinco diputados en Euskadi, aunque la coalición abertzale sumó un sexto por Navarra. Un avance de EH Bildu como el que proyecta ahora el Sociómetro ampliaría esa ventaja y dejaría al PNV con un escaño menos en las provincias vascas.
La coalición llega además con cambios en sus candidaturas. Mertxe Aizpurua, Jon Iñarritu y Bel Pozueta no repiten en las listas al Congreso. Oskar Matute encabeza la de Bizkaia; Oihana Etxebarrieta, la de Gipuzkoa; Mikel Otero, la de Álava; y Eneka Maiz, la de Navarra.
El reparto final será relevante para la formación de mayorías después del 29N. EH Bildu apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y durante la legislatura ha respaldado distintas medidas del Gobierno. Su capacidad de influencia en el próximo Congreso dependerá de sus propios escaños y de la suma que alcancen el resto de fuerzas, así como de las negociaciones que se abran tras las urnas.
