Sumar da por insuficientes las explicaciones de Zapatero en TVE y le exige aclarar el orígen de las joyas y los pagos a sus hijas

Alberto Ibáñez sostiene que siguen abiertas "muchas incógnitas" del 'caso Plus Ultra', aunque admite que nadie ha identificado al supuesto receptor de las influencias

23 de julio de 2026 a las 17:19h
El portavoz adjunto de SUMAR en el Congreso, Alberto Ibáñez. Foto de archivo: Fernando Sánchez / Europa Press
El portavoz adjunto de SUMAR en el Congreso, Alberto Ibáñez. Foto de archivo: Fernando Sánchez / Europa Press

Las explicaciones ofrecidas este jueves por José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360’ no han convencido a Sumar. El socio minoritario del Gobierno ha considerado insuficientes sus respuestas sobre el ‘caso Plus Ultra’ y le ha exigido que aclare tanto el origen de las joyas localizadas en su despacho como los pagos recibidos por la empresa de sus hijas.

Fuentes de la formación han señalado que el expresidente tiene derecho a defender su inocencia, pero han añadido que "sigue decepcionando" y que su intervención en TVE no ha estado a la altura de las explicaciones que espera una parte del electorado progresista.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que permanecen abiertas "muchas incógnitas" después de la entrevista realizada por Javier Ruiz. El diputado de Compromís ha situado el debate más allá de una posible responsabilidad penal y ha reclamado respuestas desde el punto de vista de la ejemplaridad pública.

Las joyas y los trabajos de What The Fav

Zapatero ha negado durante la entrevista haber ejercido ninguna influencia sobre el Gobierno o la SEPI para conseguir el préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. Ha asegurado que su papel se limitó a labores de consultoría y a facilitar un contacto entre responsables de la compañía y un directivo del Banco Santander.

También ha rechazado haber utilizado como testaferros a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. El expresidente ha anunciado que ambas presentarán ante el juez los contratos, encargos y trabajos realizados por su empresa, What The Fav, para acreditar que las cantidades recibidas respondieron a servicios reales.

Sus respuestas tampoco han despejado las dudas de Sumar. Ibáñez ha cuestionado los importes abonados a la sociedad y ha advertido de que "cobrar 400.000 euros por maquetar un documento en este país no debería ser algo normal". La cifra y la naturaleza exacta de los servicios forman parte de los hechos que investiga la Audiencia Nacional y deberán acreditarse dentro del procedimiento.

El diputado ha puesto el foco igualmente en las joyas valoradas por los investigadores en 1,3 millones de euros. Zapatero ha explicado que procedían de un regalo personal recibido hace años, aunque ha evitado identificar públicamente a la persona que se las entregó y ha reservado esa explicación para el juez.

El expresidente ha sostenido que las piezas carecían de uso, destino o "afán patrimonial", ha discutido la tasación y ha reconocido que hoy habría tomado otra decisión respecto a su aceptación. "Las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son", ha replicado Ibáñez desde el Congreso.

Sumar distingue las dudas éticas de la acusación penal

La formación también ha introducido un matiz relevante. Ibáñez ha reconocido que ninguna de las acusaciones ha precisado todavía quién habría recibido la supuesta influencia de Zapatero dentro del Gobierno o de la Administración. Sin una persona influida y una actuación concreta, siguen pendientes elementos centrales de la tesis que investiga el juez José Luis Calama.

El expresidente ha insistido en esa misma cuestión durante su conversación con Javier Ruiz. Ha afirmado que no habló con ningún integrante del Ejecutivo ni con responsables de la SEPI sobre el rescate y que las personas que sostienen lo contrario deberán demostrarlo.

Sumar mantiene, pese a ello, que el análisis político no puede reducirse al resultado penal. Antes de la entrevista, Enrique Santiago ya había reconocido este jueves que las sospechas de corrupción relacionadas con dirigentes socialistas dañan al Gobierno y al conjunto de fuerzas que sostienen la mayoría progresista.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida ha pedido al PSOE medidas más contundentes y una mayor anticipación ante cualquier indicio de irregularidad. Al mismo tiempo, ha recordado que hasta ahora no se ha acreditado ninguna objeción sobre el procedimiento administrativo del rescate y que los 53 millones fueron concedidos mediante un préstamo que la aerolínea debe devolver.

Verónica Martínez Barbero también ha defendido que quienes han ocupado la Presidencia del Gobierno deben mantener una conducta "moralmente intachable", al margen de que finalmente exista o no un delito. Podemos ha ido más lejos y su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que las explicaciones del expresidente ya no le transmiten credibilidad.

El PSOE conserva su apoyo

El PSOE ha reaccionado en una dirección distinta. Ferraz ha reafirmado este jueves su respaldo a Zapatero, ha defendido su presunción de inocencia y ha valorado que haya comparecido públicamente para responder a las acusaciones.

Patxi López ha recordado que corresponde a quienes acusan probar que el expresidente intervino en el rescate. El Gobierno también ha mantenido su posición y continúa separando la actuación personal que investiga la Audiencia Nacional del expediente administrativo aprobado durante la pandemia.

Zapatero ha evitado enfrentarse directamente con Julio Martínez, ‘Julito’, quien ratificó el martes ante el juez que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" en los trabajos vinculados a Plus Ultra. Lo ha atribuido a su estrategia de defensa y ha insistido en que él responderá únicamente por sus propios actos.

La Audiencia Nacional deberá contrastar ahora las explicaciones ofrecidas en TVE con los escritos de ‘Julito’ y de los directivos de Plus Ultra. Zapatero y sus hijas han anunciado la entrega de contratos y trabajos, mientras el juez mantiene pendiente la decisión sobre las próximas declaraciones y diligencias de la causa.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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