La ultraderecha Vox ha vuelto a utilizar la crisis de Ceuta para endurecer su ofensiva contra la inmigración. El jefe de su delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha exigido este viernes a la Fiscalía que active de inmediato los procedimientos de expulsión de quienes entraron irregularmente en la ciudad autónoma a finales de julio.
Buxadé ha acusado al Ministerio Público de desentenderse de las deportaciones mientras persigue a dirigentes de Vox por sus declaraciones. "¿Cuántos se han iniciado ya? ¿Cuántos se han instruido ya?", ha preguntado en una entrevista en 'Antena 3', antes de reclamar el traslado urgente de funcionarios desde la Península para tramitar los expedientes.
El dirigente ultra también ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la entrada masiva. Asegura que conocía el riesgo y "no hizo nada para evitarlo", aunque no ha aportado pruebas que acrediten esa supuesta inacción deliberada. En paralelo, Vox ha elevado el tono en sus redes y presenta lo ocurrido como un "acto de invasión" del que el Ejecutivo sería "cómplice".
🔴 @Jorgebuxade destroza al Gobierno por el abandono a Ceuta:
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 21, 2026
“Esto es un acto de invasión y así lo están viviendo los ceutíes. El Gobierno no hace nada porque son cómplices de todo esto”. pic.twitter.com/qg4HGRI2gJ
La ley desmonta el atajo de Vox
La reclamación dirigida contra la Fiscalía choca con el reparto legal de competencias. El Ministerio Público no es el órgano encargado de iniciar los expedientes administrativos de expulsión que Buxadé reclama para los migrantes adultos.
El artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 permite acordar una expulsión por determinadas infracciones, pero exige un expediente previo, una resolución motivada y una valoración basada en el principio de proporcionalidad. La mera estancia irregular tampoco permite ejecutar una deportación colectiva o automática.
El artículo 218 del Reglamento de Extranjería atribuye la apertura de esos procedimientos a la Delegación o Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería y distintos responsables de la Policía Nacional. Las personas afectadas tienen derecho a formular alegaciones, recibir asistencia letrada y contar con un intérprete.
La situación de los menores sigue un cauce diferente. El artículo 35 de la Ley de Extranjería obliga a estudiar el interés superior de cada niño antes de decidir su retorno. La repatriación requiere comprobar que puede producirse con su familia o con unos servicios de protección adecuados en el país de origen. La Fiscalía interviene como garante de esos derechos, pero tampoco ordena una devolución general.
Buxadé ha reclamado procedimientos "individualizados", una exigencia que implica identificar a cada persona, estudiar sus circunstancias y resolver por separado. Ese trabajo necesita tiempo y recursos, precisamente los funcionarios que ahora pide desplazar desde la Península.
La acusación de que el Gobierno "no hace nada" también ignora el dispositivo desplegado durante las últimas semanas. El Ejecutivo ha reforzado los efectivos policiales y militares, habilitado 1.800 plazas temporales, destinado 6,5 millones de euros a la atención humanitaria y encargado a Ángel Víctor Torres la coordinación de los cinco ministerios implicados.
Los funcionarios que Buxadé quiere enviar a Ceuta podrán acelerar la tramitación, pero tendrán que aplicar las mismas garantías que Vox presenta como demora. Cada expulsión deberá quedar motivada y cada menor tendrá que ser escuchado antes de cualquier retorno.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
