La ultraderecha Vox ha trasladado su ofensiva contra los migrantes de Ceuta hasta las puertas del hospital. El partido de Santiago Abascal ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso para restringir la atención sanitaria de las personas en situación irregular y expulsar a Marruecos a los pacientes que no necesiten un tratamiento urgente o de carácter vital.
La iniciativa pide que quienes se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta y no presentan una urgencia inmediata sean trasladados en transporte sanitario hasta la frontera marroquí. Vox pretende que continúen allí su tratamiento, sin concretar qué coordinación existiría con los servicios médicos de Marruecos ni cómo se garantizaría la continuidad asistencial.
La formación ultra incluye además a los pacientes con tuberculosis, impétigo, fiebre, sarna u otras enfermedades infecciosas o parasitarias. En estos casos reclama su envío "inmediato" a Marruecos con medidas de protección. La decisión sobre la permanencia en el hospital quedaría así vinculada a la situación administrativa del enfermo, más allá de la valoración clínica y epidemiológica realizada por los profesionales.
Vox ha registrado paralelamente otra iniciativa para exigir la devolución de todas las personas que entraron en Ceuta desde el pasado 30 de julio. También reclama pruebas de edad a los jóvenes, el retorno de los menores a sus familias o a los servicios sociales marroquíes y que el Gobierno asuma la responsabilidad por los delitos que cualquiera de estas personas pudiera cometer en el futuro, una acusación preventiva dirigida contra todo el colectivo.
La ley reconoce la atención sanitaria
La ultraderecha justifica su propuesta por el "colapso" que, a su juicio, atraviesa la sanidad ceutí. Cita cerca de 6.000 asistencias desde el inicio de la crisis, las advertencias de médicos y enfermeros y unas listas de espera que ya presentaban graves problemas antes de la entrada masiva. La presión sobre los profesionales y los centros sanitarios es real, pero la solución planteada por Vox pasa por excluir pacientes en función de su origen y trasladarlos hasta la frontera.
El marco legal vigente reconoce precisamente lo contrario. El Real Decreto-ley 7/2018 establece que las personas extranjeras sin residencia legal tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. El Real Decreto 180/2026 reforzó este año esa cobertura y garantizó la asistencia completa a todos los menores de edad, las embarazadas y los solicitantes de protección internacional.
Los epidemiólogos también han advertido contra el relato que vincula migración y enfermedad. La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, João Forjaz, ha explicado que los brotes de sarna, impétigo o infecciones gastrointestinales aparecen por el hacinamiento, la falta de agua potable y unas condiciones de alojamiento deficientes. Son afecciones habituales también en residencias, albergues o campamentos dentro de España.
"Pensar que los migrantes traen enfermedades es sanitariamente erróneo y peligroso", ha señalado la especialista. Apartar a los pacientes o dificultar su acceso al sistema puede retrasar diagnósticos, romper los tratamientos y complicar el control de posibles contagios. La vigilancia epidemiológica exige localizar, tratar y hacer un seguimiento de los enfermos, exactamente las tareas que resultarían más difíciles tras su traslado apresurado a otro país.
De "cazar" migrantes a expulsarlos del hospital
La propuesta sanitaria llega acompañada por una nueva campaña de Vox en las redes sociales. "¡FUERA de España inmediatamente TODOS los que no respeten a las mujeres!", ha proclamado el partido en un mensaje difundido este miércoles para presentar las agresiones como otro argumento a favor de las deportaciones.
¡FUERA de España inmediatamente TODOS los que no respeten a las mujeres! pic.twitter.com/ktMsrmrUx4
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 19, 2026
El repentino papel de defensor de las mujeres contrasta con la trayectoria del propio partido. Vox ha reclamado repetidamente la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la suspensión del Pacto de Estado, rechaza el concepto de violencia machista y propone sustituirlo por el de violencia intrafamiliar. En distintos gobiernos autonómicos también ha asumido competencias sobre igualdad pese a mantener este discurso.
La instrumentalización de las mujeres forma parte de una estrategia con la que la formación ultra intenta asociar sistemáticamente inmigración, delincuencia e inseguridad. El mensaje omite cualquier análisis individual de los hechos y atribuye a todo un colectivo la conducta de quienes puedan cometer delitos, mientras convierte a las víctimas en munición para sostener sus propuestas migratorias.
La escalada comenzó durante los primeros días de la crisis con José María Figaredo. El secretario general del grupo parlamentario de Vox aseguró que había que "cazar" y "pescar" uno por uno a los migrantes para devolverlos a Marruecos. El Ministerio de Igualdad remitió sus declaraciones a la Fiscalía para que valore si pueden constituir un delito de odio y varias organizaciones han presentado denuncias contra el diputado.
Vox ha pasado ahora de hablar de seres humanos como presas a pedir que sean retirados de los hospitales. Las dos proposiciones no de ley deberán debatirse en las comisiones de Sanidad e Interior y carecen por sí solas de efectos vinculantes, aunque permitirán a la ultraderecha llevar al Congreso su exigencia de restringir tratamientos y expulsar enfermos hasta la frontera marroquí.
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