De Teruel a El Ejido, pasando por Mallorca, la ultraderecha Vox ha dedicado las últimas 24 horas a defender las expulsiones de inmigrantes como una de sus grandes promesas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Santiago Abascal y el eurodiputado Jorge Buxadé reivindicaron el jueves la "remigración" y la "prioridad nacional". Este viernes, la candidata por Almería, Rocío de Meer, ha llevado el mensaje a las salas de espera y a las urgencias para prometer que los españoles dejarán de ser "los últimos de la cola".
En Teruel, Abascal pidió repatriar a las personas en situación irregular, deportar a extranjeros que delinquen y aplicar la "remigración" a quienes, según él, cobran ayudas que necesitan los españoles. En el mismo acto, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, presumió de haber trasladado la llamada "prioridad nacional" a convocatorias de ayudas a las familias y defendió extenderla a la vivienda. En Palmanova, Buxadé reclamó "deportar como si no hubiese un mañana" y propuso restringir el acceso a prestaciones para favorecer la salida de extranjeros.
La promesa tiene límites concretos. La Ley de Extranjería exige un expediente y una resolución motivada para las expulsiones que regula su artículo 57, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las expulsiones colectivas. Cobrar una prestación a la que se tiene derecho no figura entre las causas de expulsión previstas en ese artículo.
Las cifras frente al relato de la "invasión"
De Meer ha asegurado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno han entrado en España 7,8 millones de inmigrantes, sin identificar la fuente ni explicar qué incluye en ese cálculo. Ha utilizado esa cifra para hablar de una "invasión migratoria". El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza los cambios de residencia desde y hacia el extranjero, mientras que Interior registra por separado las llegadas irregulares detectadas. En el último balance, hasta el 31 de octubre, Interior contabilizó 32.942 entradas irregulares, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2025, sin incluir las llegadas a Ceuta del 30 y 31 de julio. Son recuentos distintos.
Las listas de espera que cita De Meer sí tienen cifras. A cierre de 2025, Andalucía registraba una espera media de 136 días para una primera consulta con el especialista, frente a los 102 de media nacional. La organización y la planificación de los servicios sanitarios andaluces corresponden a la Junta. La candidata de Vox no ha aportado datos que vinculen esa demora con la inmigración.
Y en el mismo municipio que Vox ha elegido para su comparecencia, más de la mitad de los contratos registrados en 2025 se firmaron con personas de nacionalidad extranjera. Fueron 22.424 contratos en El Ejido, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En el conjunto de España, la Seguridad Social cerró octubre con cerca de 3,7 millones de afiliados extranjeros, el 16,4% del total y casi 600.000 más que un año antes.
El ideólogo de las expulsiones mira a España
El término que Vox ha convertido en eje de su precampaña tiene recorrido en la ultraderecha europea. Uno de sus principales promotores, el austríaco Martin Sellner, ha anunciado en una entrevista con 'El País' que quiere abrir en España una sede de su Instituto para la Remigración. Su propuesta incluye retirar la ciudadanía a personas nacionalizadas a las que considere insuficientemente asimiladas.
Sellner asegura que mantiene contactos con Vox, aunque no identifica a sus interlocutores. Sí señala que De Meer participó en mayo en la cumbre que organizó en Oporto. Ahora prepara un informe que quiere compartir con partidos españoles y en el que plantea expulsiones dirigidas principalmente a personas de origen africano y latinoamericano.
