La ultraderecha Vox ha reconocido este lunes que las comunidades autónomas donde gobierna con el PP están obligadas a acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha admitido que la ley impide a esos ejecutivos rechazar los traslados, aunque ha mantenido intacto el discurso del partido contra la acogida y ha cuestionado que los jóvenes afectados sean menores.
"¿Qué niños? Los niños son los españoles", ha respondido Fúster durante una rueda de prensa en la sede de Vox. También ha pedido que no se llame niños a quienes, según él, tienen "17, 18 o incluso 30 años con barba". El portavoz ha mezclado así edades que la ley distingue con claridad: una persona de 17 años es menor de edad, con independencia de su aspecto o de su nacionalidad.
La admisión llega después de que gobiernos compartidos por PP y Vox hayan recibido a 33 menores que ya estaban en Ceuta antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Esos traslados se han producido pese a los acuerdos autonómicos en los que ambos partidos expresaron su rechazo a la acogida. El futuro de quienes llegaron durante la crisis de finales de julio sigue siendo objeto de disputa.
Una obligación que los ultras de Vox ya no pueden esquivar
Fúster ha negado que exista una contradicción entre la actuación de sus gobiernos autonómicos y las exigencias de devolución que plantea Vox. Sin embargo, ha reconocido el alcance de la reforma aprobada en marzo de 2025: cuando se declara una situación extraordinaria por la saturación del sistema de protección de un territorio, la reubicación de los menores en otras comunidades deja de depender de la voluntad de cada gobierno autonómico.
El artículo 35 de la Ley de Extranjería establece el procedimiento para asignar a cada menor una comunidad de destino. La resolución debe escuchar al joven afectado y a la administración que va a recibirlo, con conocimiento del Ministerio Fiscal. El traslado a la Península tampoco decide por sí mismo si podrá permanecer en España o regresar con su familia: su situación debe estudiarse mediante el expediente correspondiente.
Vox rompió en 2024 sus gobiernos autonómicos con el PP por las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes. Ahora comparte de nuevo ejecutivos con los populares en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Pese a su oposición pública a los traslados, la formación asume que estos gobiernos deben aplicar la norma y, según fuentes del partido, no contempla repetir aquella ruptura.
Los 33 menores acogidos recientemente se distribuyen entre Andalucía, que ha recibido a 22; Extremadura y Castilla y León, con cuatro cada una; y Aragón, con tres. La precisión importa: todos se encontraban en Ceuta antes de la crisis de julio, de modo que esas cifras aún no reflejan la acogida de los menores llegados en la entrada masiva.
Fúster cuestiona su edad sin aportar cifras
El portavoz de Vox ha exigido pruebas para determinar cuántos de los jóvenes son realmente menores y ha sugerido que el porcentaje podría ser muy pequeño. No ha ofrecido datos que sostengan esa afirmación. La ley ya prevé la intervención de la Fiscalía y un procedimiento de determinación de edad cuando la minoría de una persona indocumentada no pueda establecerse con seguridad; la apariencia física no sustituye ese proceso.
Fúster también ha reclamado que se acredite si se han agotado las gestiones para reunir a los menores con sus familias en Marruecos. Ha invocado el acuerdo bilateral entre ambos países para defender su retorno, pero esa posibilidad exige conocer las circunstancias familiares de cada joven y resolver qué decisión protege mejor sus intereses.
Mientras pide esas comprobaciones, la ultraderecha Vox sigue presentando la acogida como un problema que debe evitarse. "La solución jamás debe ser repartir el problema", ha afirmado Fúster. Por ahora, los gobiernos autonómicos en los que participa ya han firmado las resoluciones necesarias para recibir a los 33 menores trasladados desde Ceuta.
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