El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno la puesta en marcha de un plan integral de seguridad destinado a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las costas de Andalucía y Murcia. La iniciativa plantea reforzar de forma urgente los recursos de la Guardia Civil y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el aumento de la actividad de las redes criminales en el litoral del sur de España.
La propuesta incluye la incorporación de nuevos medios tecnológicos y operativos, como radares costeros, drones de vigilancia, escáneres para contenedores, embarcaciones de alta velocidad, helicópteros, aviones de patrulla marítima y sistemas de inteligencia artificial para mejorar la detección y persecución de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y personas.
Además, los populares solicitan la creación de una unidad especializada de coordinación contra el narcotráfico inspirada en el modelo de OCON-Sur, cuya labor consideran fundamental en la lucha contra estas actividades ilícitas. También piden actuaciones prioritarias en las provincias más afectadas y medidas para erradicar el denominado 'petaqueo', vinculado al suministro de combustible a las narcolanchas.
En el ámbito europeo, el PP insta al Ejecutivo a promover una mayor cooperación internacional frente a estas redes delictivas, reforzando la colaboración entre agencias comunitarias. La iniciativa apuesta por aumentar los recursos destinados a las operaciones de Frontex en España, potenciar el papel de Europol y mejorar el intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad.
El grupo parlamentario justifica estas medidas por el incremento de la presencia de mafias internacionales en las costas andaluzas y murcianas, donde, según denuncia, las narcolanchas operan con creciente capacidad logística y tecnológica. Asimismo, reclama endurecer la respuesta penal contra estas organizaciones, declarar zonas de especial singularidad en los territorios más afectados y avanzar en el reconocimiento profesional y salarial de los agentes encargados de combatir esta amenaza.
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