Los menores migrantes no acompañados se han convertido en uno de los colectivos más vulnerables tras la crisis migratoria de Ceuta. En este contexto, el Gobierno de España anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar su atención y acogida. Sin embargo, desde el Partido Popular y la extrema derecha Vox ya anticipan que se negarán a cumplir la ley en cuanto a la acogida de los menores.
El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, ante la información sobre la partida extraordinaria del Ejecutivo, escribió en su cuenta de X: "Ni un euro de los españoles para MENAs, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos. Para NADA que no sea el bienestar de los españoles".
Ni un euro de los españoles para MENAs, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 4, 2026
Para NADA que no sea el bienestar de los españoles. https://t.co/8yySiPvL91
El secretario general del PP, Miguel Tellado, también preguntado en una rueda de prensa por esta cuestión evitó responder directamente a la incógnita y defendió que “no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional”. Asimismo, explicó que el deber del Gobierno "es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad".
“Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores”, reiteró Tellado. “El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también el de Defensa, tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta”, ha proseguido el diputado 'popular'. "Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma, y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir", culminó en su intervención el secretario general del PP.
¿A qué obliga la ley?
La normativa obliga a todas las comunidades autónomas a participar en la acogida y reubicación de menores extranjeros no acompañados cuando el Gobierno declara una situación de contingencia migratoria, es decir, cuando un territorio no puede atender por sí solo el elevado número de llegadas. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece un mecanismo de reparto de carácter obligatorio para aliviar la presión sobre comunidades especialmente afectadas, como Canarias o Ceuta, evitando que el sistema de protección de menores colapse.
La ley también fija plazos para efectuar los traslados, atribuye al Estado la coordinación del procedimiento y prevé la financiación necesaria para sufragar la atención de los menores. De este modo, la participación de las comunidades autónomas no queda a su criterio, sino que responde a una obligación legal cuyo objetivo es garantizar el interés superior del menor y asegurar una distribución solidaria y equilibrada de la acogida en todo el territorio nacional.
25 millones de euros para atender a los menores no acompañados
La crisis migratoria que se ha producido en Ceuta ha generado una incógnica en cuanto a la protección de los menores no acompañanados que han entrado en el territorio español. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz,anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores.
Con este dinero, Saiz aseguró que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables".
El anuncio se produjo en el mismo momento en el que tuvo lugar la reunión telemática de los ministros del Interior europeos y en la que participó el ministro Fernando Grande-Marlaska quiendefendió ante sus homólogos la política migratoria española, que define como "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos". Además, insistió en que Marruecos es "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua" y reiteró que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".
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