El rechazo de Vox ante la violencia de género que sufren las mujeres y su oposición a buena parte de las políticas feministas han marcado el discurso de la formación de ultraderecha desde su nacimiento. Ahora, tras el pacto alcanzado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el partido de extrema derecha gestionará en la comunidad competencias relacionadas con esta materia dentro del ámbito de la Administración de Justicia a pesar de que su dirigente, Santiago Abascal, haya solicitado en el Senado laa derogación de la Ley de Violencia de Género y el cierre del Ministerio de Igualdad.
El decreto de reorganización del Gobierno andaluz transfiere a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira, las funciones que hasta ahora dependían del departamento de Justicia. Entre ellas figuran las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación con la administración de la Justicia", un ámbito que incluye la organización de las unidades de valoración integral de la violencia de género y la elaboración de protocolos de actuación.
El texto también atribuye a la Consejería de Gavira el "diseño, coordinación y ejecución de los planes de formación, en especial los relativos a la formación específica sobre violencia de género, de jueces y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia", así como la coordinación de la formación dirigida a los profesionales que intervienen en procedimientos judiciales relacionados con las víctimas de violencia de género.
Además de estas funciones, el departamento dirigido por el dirigente de Vox asumirá competencias en materia de justicia juvenil, atención a víctimas de delitos y terrorismo, mediación, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones, así como las relaciones institucionales con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El decreto también incorpora bajo su ámbito cuestiones relacionadas con la atención a menores migrantes, otra de las principales reivindicaciones de Vox durante los últimos años.
La oposición carga contra Vox
La decisión ha provocado una inmediata reacción de los grupos de la oposición. Desde el PSOE-A, su portavoz adjunta, Ángeles Férriz, ha reclamado a Juanma Moreno que "rectifique" esta decisión "por respeto a las mujeres asesinadas y en peligro". Además, ha calificado de "intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea".
También desde las filas socialistas, Olga Manzano ha advertido de que "peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo".
Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado la decisión de "peligro e irresponsabilidad" y ha asegurado que "No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas".
Desde Por Andalucía, Antonio Maíllo ha acusado al PP de que "no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace su propia agenda", al tiempo que ha denunciado que "Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista". Por su parte, Rosa Rodríguez ha considerado una "irresponsabilidad" que se cuestione el trabajo de estos servicios "para complacer a quienes niegan sistemáticamente la violencia machista", advirtiendo de que "Acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable".
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