El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que atribuye un presunto delito de falso testimonio en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Congreso de los Diputados.
La formación socialista sostiene que existen contradicciones entre las explicaciones ofrecidas por Mazón en sede parlamentaria, la investigación abierta por el juzgado de Catarroja (Valencia) y distintos mensajes internos del Ejecutivo valenciano durante la emergencia de octubre de 2024. En concreto, el PSPV señala comunicaciones del grupo de WhatsApp del Consell que, según su versión, reflejarían que a las 8:15 horas del día de la emergencia el expresident "ya sabía lo que estaba sucediendo" y habría dado instrucciones al resto de miembros del Gobierno valenciano.
A ello se suma un informe atribuido a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el que se recogía una situación de especial gravedad durante la catástrofe: suspensión de clases en decenas de municipios, carreteras cortadas, interrupciones en Metrovalencia, cierre de puertos, rescates de personas atrapadas y elevados registros pluviométricos. Pese a este informe, el PSPV insiste en que Mazón defendió en el Congreso la existencia de un “apagón informativo” y aseguró no haber dispuesto de información suficiente durante la gestión de la emergencia.
La querella también cuestiona el listado de llamadas aportado por el expresident en la comisión de Les Corts Valencianes, al que atribuye posibles incoherencias y omisiones entre contactos registrados y otros que, según los socialistas, no figurarían en el documento pese a haberse producido.En el escrito, los socialistas aseguran que concurren “indicios sólidos, plurales y convergentes” que justificarían la apertura de diligencias por parte del Alto Tribunal, al tratarse de una comparecencia sujeta a obligación legal de veracidad.
El PSPV añade además que Mazón habría faltado a la veracidad al "ocultar deliberadamente que es el Gobierno de España quien ha asumido íntegramente la financiación de las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras"
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