La crisis provocada por los incendios forestales ha abierto este viernes un nuevo frente político entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Después de que el Ejecutivo declarara la emergencia de interés nacional tras la petición formulada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para asumir la gestión del operativo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aprovechado la situación para cargar contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP y cuestionar su dependencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
A través de un mensaje publicado en la red social 'X', Puente ha ironizado con el recurso de los gobiernos autonómicos populares a este cuerpo militar. "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas del PP", ha escrito. El ministro ha vinculado esa situación con la política fiscal de esos ejecutivos, a los que ha acusado de "reducir impuestos a los ricos, jibarizar los servicios públicos y luego pedir al Gobierno que les resuelva la papeleta".
Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. https://t.co/YCY13dHyDv
— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026
El mensaje de Puente llegó después de que los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid denunciaran públicamente que no habían sido activados para intervenir en el incendio declarado en Almorox. El ministro compartió esa publicación y la utilizó para reforzar sus críticas a la gestión de los gobiernos autonómicos del PP durante la actual campaña de incendios.
Marlaska destaca la coordinación
Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que la colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid está siendo "perfecta, absoluta y de total lealtad, como corresponde". El titular de Interior ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien había planteado públicamente si la solicitud de ayuda obedecía a una "incapacidad técnica, incapacidad operativa o porque entiende que la evolución de la emergencia no va a poder ser controlada por la Comunidad".
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