Pedro Sánchez ha defendido este lunes la necesidad de "gobernar el mercado de la vivienda" y priorizar su uso residencial frente al turístico. El presidente del Gobierno ha lanzado este mensaje desde Barcelona, a menos de 24 horas de un Consejo de Ministros marcado por la negociación del nuevo decreto de vivienda y con las protestas creciendo tanto en Madrid como en la capital catalana.
"Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna", ha afirmado durante la presentación del informe 'Vidas futuras' en el Disseny Hub. Sánchez ha reclamado a las comunidades autónomas que utilicen las herramientas de la Ley de Vivienda para ampliar la oferta asequible y evitar que el coste de una casa cierre el paso a los proyectos vitales, especialmente entre los jóvenes.
El presidente ha trasladado después ese discurso al terreno concreto con una visita a Illa Sibèria, una promoción de alquiler protegido levantada sobre el espacio de una antigua fábrica de hielo en el Poblenou. Sus 42 viviendas tienen rentas mensuales de entre 429 y 502 euros. Treinta se han adjudicado entre las personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda protegida, once se han reservado para entidades sociales y una será gestionada directamente por la Fundació Hàbitat3.
Illa Sibèria representa el modelo de vivienda que queremos: pública, protegida y asequible.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2026
42 pisos sostenibles y eficientes en pleno Poblenou para que los barrios sigan siendo de los vecinos y no de los fondos buitre. pic.twitter.com/8EMMKZrkYu
Sánchez ha vinculado su intervención con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la casa de Retiro en la que había vivido durante siete décadas. "No hay derecho a que el acceso a la vivienda condicione la decisión de emanciparse, de formar una pareja, de tener hijos o de envejecer con arraigo", ha escrito posteriormente. "Tenemos que actuar con determinación. Por las vidas futuras y por las del presente".
No hay derecho a que el acceso a la vivienda condicione la decisión de emanciparse; de formar una pareja; de tener hijos; o de envejecer con arraigo, como hemos visto con el caso de Maricarmen.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2026
Tenemos que actuar con determinación.
Por las vidas futuras y por las del presente. pic.twitter.com/H4aZyRBJWK
Un decreto negociado contra reloj
El Gobierno pretende aprobar este martes una batería de medidas que incluiría protección permanente frente a determinados desahucios cuando no exista una alternativa habitacional, límites a la compra especulativa de viviendas por parte de fondos, una mayor regulación de los alquileres temporales y turísticos y mecanismos para dar estabilidad a los contratos. El decreto entraría en vigor tras su publicación, aunque necesitaría ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días.
La negociación dentro del propio Ejecutivo continúa abierta. Sumar reclama una prórroga reforzada de dos años para los contratos que vencen antes de 2028, la renovación automática de los alquileres, la regulación de los arrendamientos por habitaciones y una protección completa para las personas vulnerables. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que el acuerdo todavía está "lejos" y ha amenazado con plantar batalla si el texto llega descafeinado al Consejo de Ministros.
Podemos ha endurecido aún más sus condiciones y reclama rebajas obligatorias de los alquileres, la prohibición de las operaciones especulativas y la intervención de las viviendas acumuladas por grandes fondos. El partido morado asegura que todavía no ha recibido el documento y ha criticado que el PSOE haya elegido negociar primero con Junts, cuyo respaldo resulta imprescindible ante el rechazo anunciado de PP y Vox.
La formación de Carles Puigdemont está dispuesta a estudiar medidas contra los fondos buitre, aunque reclama garantías para los pequeños propietarios y bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos. El Ejecutivo busca un texto que conserve su alcance social y pueda reunir después los votos de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG, Junts y PNV. La ajustada mayoría parlamentaria convierte cada apartado del decreto en una pieza de la negociación.
La presión llega desde la calle
Las conversaciones se desarrollan bajo una movilización social creciente. La acampada instalada en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen ha cumplido su tercer día, mientras activistas por la vivienda han cortado este lunes varios puntos de Barcelona para exigir contratos estables, la congelación de los alquileres y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional.
La visita a Illa Sibèria ha permitido al Gobierno exhibir un modelo de alquiler muy alejado de los precios habituales en las grandes ciudades. La promoción ha supuesto una inversión de 8,6 millones de euros, con 1,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Sánchez ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Illa ha reclamado "poner límites al poder desenfrenado del dinero, la codicia y la especulación", mientras Collboni ha reivindicado el "derecho a quedarse" en la ciudad. El Ayuntamiento barcelonés prevé retirar las licencias de unos 10.000 pisos turísticos en 2028 y elevar la producción de vivienda protegida hasta superar las 1.000 unidades anuales.
Sánchez ha presentado Cataluña como ejemplo de aplicación de la Ley de Vivienda frente al rechazo de varias autonomías gobernadas por el PP a declarar zonas tensionadas. El presidente ha pedido que las herramientas disponibles se utilicen en todo el país para contener los alquileres y recuperar viviendas destinadas al mercado turístico. La negociación continuará hasta el Consejo de Ministros de este martes, con las prórrogas de los contratos, la regulación del alquiler temporal y la protección frente a los desahucios como principales asuntos pendientes.
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