El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, una modificación con la que se reconoce a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una reivindicación que los sindicatos venían reclamando desde hace años y que ha salido adelante gracias a un acuerdo entre PSOE y PP.
En la práctica, este reconocimiento supone una mayor protección jurídica para los funcionarios de prisiones cuando desempeñan sus funciones. Además, la reforma contempla medidas como la presunción de veracidad en determinadas actuaciones y el derecho a recibir una indemnización por los daños personales o materiales que puedan sufrir durante el servicio, siempre que no haya existido dolo, culpa o negligencia grave.
El texto, que también había sido acordado con el PNV en el Congreso, ha recibido un respaldo mayoritario en la Cámara Alta, por lo que queda aprobado de forma definitiva y será remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.La modificación responde así a una de las principales reivindicaciones de los sindicatos penitenciarios, que durante años han reclamado un mayor reconocimiento jurídico de las funciones que desempeñan los trabajadores de las prisiones.
Qué cambia para los funcionarios de prisiones
La reforma incorpora varias de las demandas trasladadas por los sindicatos del ámbito penitenciario, entre ellas la posibilidad de recibir indemnización por daños personales o materiales, la presunción de veracidad, la obligación de contar con formación específica teórica y práctica, y garantías de seguridad equiparables a las del personal laboral.
Con esta modificación, el legislador da respuesta a una reclamación que las organizaciones sindicales califican de histórica, en un contexto en el que el personal de prisiones ha denunciado de forma reiterada situaciones de riesgo e inseguridad en los centros penitenciarios. Además, la Administración deberá "resarcir económicamente" a los funcionarios cuando "sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio", siempre que no haya mediado dolo, culpa o negligencia grave por su parte.
PSOE y PP celebran el consenso alcanzado
Tanto el PSOE como el Partido Popular han mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, al entender que responde a una demanda largamente sostenida por los trabajadores penitenciarios.
La aprobación definitiva en el Senado culmina así un proceso parlamentario que ha contado con el respaldo de distintas formaciones y que, según las partes implicadas, refuerza el principio de autoridad dentro de las prisiones. El reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad supone un cambio en el marco jurídico que regula su actividad profesional y pretende reforzar la protección de los trabajadores durante el desempeño de sus funciones.
CSIF habla de negociaciones discretas e intensas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha valorado de forma positiva la aprobación definitiva, al considerar que es “el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones” que, según sostiene, han estado encaminadas a tender puentes entre PP y PSOE.
En su comunicado, CSIF ha subrayado que este reconocimiento constituye “una reivindicación histórica” y lo ha asumido como “un triunfo”, teniendo en cuenta, además, “el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles”.
