La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes, tras la polémica por las cargas policiales durante la huelga general del 11N, ha provocado el enfado de varios sindicatos de la Policía Nacional, que consideran que la medida coloca a los agentes "bajo sospecha" y les deja, según sus palabras, "vendidos e indefensos".
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado este jueves que se ha ordenado abrir una investigación y que el departamento ha dado instrucciones para que, "en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes".
El SUP defiende la actuación policial y reclama respaldo institucional
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario entre los mandos, ha sostenido en declaraciones remitidas a Europa Press que no cuestiona que se investiguen posibles irregularidades, pero sí rechaza que se presente como abuso policial cualquier uso de la fuerza. "Ya está bien de presentar como abuso policial cualquier uso de la fuerza. Los agentes están obligados a actuar ante situaciones de violencia y no pueden hacerlo cada vez con menos herramientas y menos respaldo institucional", ha señalado la organización.
El SUP ha calificado de "inadmisible" que, tras una jornada marcada por alteraciones del orden público y policías heridos, la respuesta del ministro sea, a su juicio, poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención. "Los policías no pueden ser siempre los primeros en asumir los riesgos y los primeros en ser cuestionados por su propio Ministerio. Exigimos protección, respeto y respaldo institucional", ha añadido.
El SPP habla de desautorización pública y exige respeto
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre los mandos de la Policía, se ha sumado a las críticas y ha afirmado estar "profundamente indignado, cansado y harto" de que, a su juicio, se utilice a la Policía Nacional como "moneda de cambio política".
La organización ha advertido de que retirar herramientas operativas como el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios "no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz". Además, ha pedido al Gobierno y al Ministerio del Interior que dejen de señalarles cuando son los policías los que "se juegan la vida" y ha reclamado "respaldo jurídico" y "un cese inmediato de la desautorización pública".
Jupol pide la dimisión de Marlaska y critica la investigación interna
Por su parte, Jupol ha reaccionado a la prohibición del gas lacrimógeno y a la apertura de la investigación interna exigiendo la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska, al que reprocha investigar a los policías "mientras es incapaz de dar el pésame por el asesinato de un compañero en Oviedo".
Este sindicato ha recordado que los medios coercitivos de los que dispone la Policía Nacional son herramientas reglamentarias de trabajo, proporcionadas por la propia Administración, y que su utilización debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y congruencia. En ese sentido, ha defendido que el gas lacrimógeno "constituye un medio coercitivo de intervención que permite, en determinadas circunstancias, actuar manteniendo la distancia y evitando el contacto físico directo con los individuos violentos".
Jupol, como otros sindicatos, ha reprochado que se investigue a los agentes pero sin que conste por parte de Interior una "condena de la violencia contra los policías".
Balance de detenciones y críticas por la respuesta del Ministerio
Las protestas durante la huelga del 11N dejaron policías heridos y 47 personas detenidas por disturbios en intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las que se sumaron otras actuaciones de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, lo que elevó a más de un centenar el número de arrestados, según los datos mencionados por las organizaciones policiales.
Las asociaciones han insistido en que la decisión del Ministerio del Interior llega pocos días después de la muerte de un agente y de su perro en acto de servicio en Oviedo, tras un tiroteo y la explosión de una mochila, un episodio por el que los sindicatos habían vuelto a reclamar el reconocimiento de la profesión de riesgo.
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