La Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo los días 27 y 28 de junio registros domiciliarios, requerimientos al PSOE, incautación de móviles de dirigentes y colaboradores, intervención de dinero en efectivo, recopilación masiva de documentación y toma de declaraciones.
El informe policial apunta a la existencia de indicios sobre una presunta estructura organizada que habría operado entre 2024 y 2025 con el objetivo de proteger intereses afectados por procedimientos judiciales que podían tener repercusión sobre el PSOE, miembros del Gobierno o el propio presidente del Ejecutivo.
Entre los hallazgos más destacados figura la intervención de 19.850 euros en efectivo durante el registro de un domicilio vinculado al investigado Gaspar Zarrías Arévalo. La cantidad fue posteriormente ingresada por la Guardia Civil en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las pesquisas sobre el origen y destino de esos fondos.
Asimismo, los agentes intervinieron varios teléfonos móviles pertenecientes a personas investigadas en el procedimiento. Los agentes se incautaron de los terminales de Ana María Fuentes Pacheco, Juan Manuel Serrano Quintana, Covadonga San Pedro Pascual, Celia Rodríguez Alonso y Juan Sánchez Yepes, con el objetivo de analizar la información contenida en estos dispositivos en el marco de las pesquisas judiciales. Según recoge el atestado, todos los teléfonos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil y a disposición del juzgado tras la correspondiente lectura de derechos a sus propietarios en calidad de investigados.
La actuación policial también alcanzó a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde los investigadores reclamaron y recopilaron documentación relacionada con la causa. Además, la UCO realizó actuaciones sobre diversas sociedades mercantiles, despachos de abogados y organismos públicos, en una operación dirigida a asegurar pruebas documentales y digitales consideradas de interés para la investigación.
Paralelamente, los agentes tomaron declaración a 16 testigos para tratar de esclarecer los hechos investigados. Entre ellos figura Carmen Pano, cuya comparecencia se produjo junto a la de otros empresarios, particulares y agentes de la Guardia Civil. El atestado señala que estas declaraciones forman parte de una ronda de testimonios destinada a determinar las posibles responsabilidades de los investigados y a profundizar en los hechos que analiza la Audiencia Nacional.
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