Uno de los indicios de delito que incluye el auto del juez Santiago Pedraz que lleva el caso de ‘Leire Díez’, es el soborno por parte de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a la empresaria Carmen Pano. Según el escrito, De la Hoz habría intentado sobornar a Pano con 50.000 euros para manejar su declaración ante el Supremo para que esta negase haber llevado a la sede del PSOE dinero en bolsas. No obstante, la abogada ha presentado un escrito con varias pruebas documentales y grabaciones que podrían acreditar que la acusación no es cierta.
La acusación no se sostiene con la documentación aportada por la letrada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil–a la que ha tenido acceso la ‘Cadena SER’. La versión difundida públicamente el pasado 10 de marzo iba acompañada de un audio en el que De la Hoz impedía a Pano acceder a su despacho, una conversación que fue presentada como prueba de ese supuesto intento de soborno.
Sin embargo, según el medio mencionado, los audios y mensajes de WhatsApp entregados por la abogada muestran un contexto distinto. La reunión entre ambas se habría producido un mes antes por iniciativa de Pano, que buscaba comprador para varias empresas del sector de los hidrocarburos. Entre ellas figuraba Gran Zufaira, una mercantil sobre la que la letrada detectó posibles irregularidades relacionadas con un presunto fraude del IVA tras realizar las comprobaciones oportunas.
La información señala que, al ser advertida de estas sospechas, Pano habría reconocido la situación y planteado continuar con la operación de venta, proponiendo además percibir una comisión adelantada de 10.000 euros debido a sus dificultades económicas. De la Hoz rechazó participar en la transacción al considerar que podía tratarse de una operación ilícita y, días después, tuvo conocimiento de que Pano había trasladado información sobre ella a un medio digital.
La 'SER' destaca que toda la documentación aportada a la UCO gira exclusivamente en torno a las negociaciones sobre las compañías de hidrocarburos y no contiene referencias a las entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz ni a un supuesto pago para alterar testimonios. Además, las conversaciones analizadas se desarrollaron íntegramente durante el mes de febrero y la relación entre ambas se rompió antes de que se publicara la información sobre el presunto soborno, una circunstancia que, según la cadena, refuerza la versión ofrecida por la abogada.
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