Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, en este orden, se sientan desde este miércoles para declarar ante el juez del Tribunal Supremo donde se está investigando la presunta irregularidad en la que están implicados en cuanto a los contratos de mascarillas que fueron adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19. Está previsto que el primero en comparecer sea el empresario. Dado que se espera que las declaraciones se prolonguen durante varias horas, es probable que no todos puedan declarar en la misma jornada, por lo que las comparecencias continuarán en los próximos días.
El ‘caso mascarillas’ fue destapado en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
¿Qué papel han jugado los acusados en la presunta trama de corrupción?
En la trama resuenan tres nombres: Koldo, Ábalos y Aldama. El primero de ellos se ha convertido en el eje principal para comprender el caso de las mascarillas, y para el que la Fiscalía pide 19 años de prisión. El exasesor fue detenido en 2024 por haber ejercido como intermediario en la presunta corrupción en la compra de las mascarillas durante la pandemia, a través del Ministerio de Transportes cobrando comisiones para facilitar los contratos. En este contexto y según como apunta la Guardia Civil, era el “elemento de conexión” con Ábalos y llevaba a cabo las “instrucciones directas de Ábalos”.
Así aparece el empresario Víctor de Aldama, enlace entre Koldo y las compañías que benefician los contratos de mascarillas, el presunto conseguidor y comisionista de la trama para el que la Fiscalía pide siete años de prisión. Tanto Ábalos como el exasesor se encuentran en prisión provisional mientras que Aldama, al haber confesado mordidas ante el juzgado, salió de la cárcel. La Guardia Civil le considera el “nexo corruptor”.
En el caso de José Luis Ábalos, la Fiscalía solicita 24 años de prisión y se le señala por presunta corrupción, cohecho y organización criminal. Anticorrupción manifiesta que tuvo un “papel principal” ya que los contratos debían estar avalados por él, en ese momento ministro de Transportes. La pregunta que queda flotando es hasta qué punto Ábalos fue un beneficiario puntual de esos servicios o formaba parte activa de una estructura más amplia de utilización de su influencia para favorecer adjudicaciones.
