El fiscal jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, aprovechó este miércoles su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo para desvincular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la supuesta trama de corrupción relacionada con contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. El representante del Ministerio Público rechazó de forma tajante la afirmación realizada por el empresario Víctor de Aldama, quien había llegado a situar a Sánchez como el “número uno” de la organización investigada.
“No se trata de establecer un número uno, un número dos o un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno”, afirmó Luzón ante la Sala. Con estas palabras, el fiscal intentó desmontar parte del relato ofrecido por Aldama durante el procedimiento judicial y centró el foco de la acusación en el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a quienes considera piezas clave de la presunta red corrupta.
Según Anticorrupción, Ábalos actuaba como principal referente dentro de la estructura investigada y era considerado “el jefe” tanto por Koldo García como por el propio entorno empresarial de Aldama. La Fiscalía sostiene que los acusados habrían articulado un sistema para favorecer adjudicaciones públicas y facilitar gestiones administrativas a cambio de comisiones ilegales, especialmente durante los meses más críticos de la crisis sanitaria de la Covid-19.
Durante su intervención, Luzón también recordó el testimonio prestado en el juicio por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa Antonio Balas, responsable de parte de la investigación policial. El mando de la Guardia Civil explicó ante el tribunal que “quien paga manda” y señaló directamente a Aldama como la persona que financiaba y exigía determinadas actuaciones dentro de la trama. Sin embargo, el fiscal introdujo un matiz importante: aseguró que el empresario no participó en todos los delitos atribuidos a Ábalos y Koldo García.
Ese argumento resulta clave para explicar la diferencia entre las penas solicitadas por la Fiscalía. Anticorrupción mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Aldama reclama 7 años de cárcel. Luzón defendió que el exministro y su exasesor habrían cometido algunas conductas delictivas sin necesidad de contar con la participación directa del empresario, lo que justificaría un mayor reproche penal.
El juicio entra así en su fase definitiva tras catorce sesiones celebradas en el Tribunal Supremo. Las defensas ultiman ahora sus informes finales antes de que los acusados ejerzan su derecho a la última palabra y la causa quede vista para sentencia.
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