El Tribunal Supremo celebra este miércoles la decimocuarta y previsiblemente última sesión del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por una presunta trama de corrupción vinculada a adjudicaciones públicas. La Sala de lo Penal del alto tribunal, integrada por siete magistrados, afronta la recta final del proceso tras casi tres semanas de vistas orales marcadas por acusaciones cruzadas, confesiones parciales y fuertes discrepancias sobre las penas solicitadas.
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida en esta causa por el fiscal jefe Alejandro Luzón, mantiene intactas sus peticiones de condena: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. El Ministerio Público acusa a los tres de integrar una supuesta organización criminal dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de favorecer contratos públicos y facilitar gestiones ante distintas administraciones. Entre los delitos atribuidos figuran cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.
La investigación se centra en contratos públicos adjudicados durante la pandemia y en presuntas mordidas millonarias que, según la acusación, habrían sido canalizadas a través de Aldama como intermediario empresarial. El empresario reconoció ante el tribunal la existencia de pagos y favores irregulares, asegurando que tanto Ábalos como Koldo García recibieron importantes cantidades económicas a cambio de facilitar adjudicaciones y abrir puertas dentro de la administración pública. Su testimonio también ha servido para alimentar otras investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional relacionadas con un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.
Sin embargo, la defensa de Aldama considera insuficiente el reconocimiento realizado por la Fiscalía respecto a su colaboración con la Justicia. Su abogado reclama la aplicación de una atenuante “muy cualificada” de confesión, lo que permitiría reducir considerablemente la pena y evitar el ingreso en prisión. Esta tesis ha encontrado respaldo en las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular, que sostienen que la información aportada por el empresario ha resultado decisiva para descubrir nuevas conductas presuntamente delictivas.
Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García mantienen una estrategia completamente opuesta y continúan defendiendo la inocencia de ambos. Los abogados de los acusados solicitarán la absolución al considerar que no existen pruebas directas que acrediten el cobro de comisiones ilegales ni la existencia de una trama organizada. Además, cuestionan la credibilidad de Aldama y sostienen que sus declaraciones responden únicamente a un intento de rebajar su propia responsabilidad penal.
Si no se producen nuevas incidencias, el juicio quedará este miércoles visto para sentencia después de 14 sesiones celebradas en el Tribunal Supremo. Antes del cierre definitivo del proceso, los tres acusados tendrán derecho al turno de última palabra.
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