El 'caso Montoro' seguirá, por ahora, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. La Audiencia Provincial ha rechazado resolver por la vía planteada por las defensas la petición de trasladar la investigación a Madrid. La decisión permite al juez Rubén Rus continuar con las diligencias sobre los presuntos favores fiscales concedidos a empresas que contrataron a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda.
La Audiencia no ha determinado qué ciudad debe acoger la causa. Los magistrados consideran que una disputa de competencia entre órganos de Tarragona y Madrid corresponde al Tribunal Supremo. También hay pendiente un recurso contra la decisión con la que Rus defendió en abril que su juzgado podía mantener la investigación. Mientras se despeja esa cuestión, el procedimiento continúa en sus manos.
Montoro y otros investigados sostienen que los hechos examinados se sitúan en Madrid, donde están el Ministerio de Hacienda y la sede de Equipo Económico. La Fiscalía Anticorrupción se opone al traslado. Recuerda que las pesquisas arrancaron a partir de documentación relacionada con la gasista Messer, ubicada en la provincia de Tarragona, y señala que parte de las actuaciones investigadas también afectaría a administraciones catalanas.
Ocho años de pesquisas sobre los pagos al despacho de Montoro
La causa se abrió en 2018 y permaneció durante siete años bajo secreto. El juez investiga si empresas del sector de los gases industriales pagaron a Equipo Económico para conseguir cambios tributarios favorables a sus intereses durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Entre las reformas examinadas figuran modificaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto sobre Actividades Económicas. La sospecha judicial es que el despacho cobró por su acceso a responsables de Hacienda, más allá de los servicios de asesoramiento que pudiera prestar.
Los investigadores tratan de reconstruir ahora el recorrido de ese dinero. El juzgado ha pedido información sobre movimientos bancarios de Montoro desde 2006 y sobre cuentas vinculadas a antiguos socios y familiares. También ha encargado a los Mossos d'Esquadra examinar pagos efectuados al despacho, entre ellos centenares de cheques, para aclarar quién recibió finalmente los ingresos.
Rus prorrogó la instrucción en julio ante los informes y declaraciones que seguían pendientes. Montoro todavía no había declarado cuando se acordó esa ampliación. La causa examina posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental; ninguno de ellos ha sido declarado probado.
El exministro rechaza las sospechas y mantiene que se desvinculó de Equipo Económico antes de volver al Gobierno. Sus defensas discuten tanto los indicios como la competencia del juzgado de Tarragona. Rus podrá seguir practicando diligencias mientras se tramitan esos recursos y los Mossos completan el análisis de la documentación bancaria.
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