El juez Rubén Rus ha prorrogado este lunes otros seis meses la instrucción del 'caso Montoro' y ha reclamado a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra que detalle el estado de las pesquisas que todavía mantiene abiertas. La decisión prolonga una causa iniciada en 2018 que investiga si Cristóbal Montoro y varios antiguos altos cargos de Hacienda utilizaron el Ministerio para impulsar reformas fiscales favorables a clientes de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro.
En una providencia fechada el pasado 6 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona solicita información sobre cuatro mandamientos enviados a la Policía catalana entre enero y mayo de este año. También exige conocer cualquier avance producido desde que Montoro fue incorporado formalmente como investigado en julio de 2025.
El magistrado considera que la causa continúa siendo "sumamente compleja" por la cantidad de documentación pendiente de analizar, las declaraciones que todavía deben practicarse y las nuevas diligencias que podrían surgir a partir de ellas. Montoro aún no ha sido llamado a declarar pese a que ha transcurrido un año desde su imputación.
Hasta ahora han sido citados quince investigados, diez personas físicas y cinco representantes de empresas. Solo uno ha contestado a las preguntas del juez. El resto se ha acogido a su derecho a guardar silencio y ha comunicado que declarará cuando la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva los recursos presentados contra distintas decisiones del instructor. Tres investigados residen fuera de España y han pedido comparecer mediante mecanismos de cooperación judicial internacional.
Cuatro encargos a los Mossos y decenas de cuentas
La investigación se ha centrado durante los últimos meses en reconstruir los movimientos económicos de Equipo Económico, sus socios y varias personas vinculadas al despacho. Rus ha reclamado documentación al Registro Mercantil, notarías, empresas gasistas, la patronal AFGIM y el Ministerio de Hacienda, además de autorizar a los Mossos el acceso al Fichero de Titularidades Financieras.
El juzgado envió en mayo cerca de cuarenta mandamientos a entidades bancarias para completar el informe encargado a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. El análisis de la documentación obtenida continúa pendiente, una de las principales razones utilizadas por el magistrado para justificar la nueva prórroga.
Las pesquisas financieras buscan aclarar la fragmentación y el aplazamiento de determinados pagos efectuados por las empresas investigadas. También examinan ingresos recibidos por antiguos socios y familiares después de abandonar Equipo Económico, con cantidades que aparentemente no guardarían relación con sus porcentajes de participación en el despacho.
Entre la documentación que la Agencia Tributaria pidió rastrear figuran alrededor de 700 cheques por un importe conjunto de 6,4 millones de euros, además del origen y destino de diferentes transferencias. El juez aprecia movimientos que considera incoherentes y quiere conocer quién terminó recibiendo el dinero facturado por el bufete.
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la ampliación del plazo. La fiscal Carmen García Cerdá ha rechazado el relato de una persecución política defendido por varios investigados y sostiene que el procedimiento examina indicios de graves actuaciones de corrupción relacionadas con el ejercicio del poder público.
Reformas fiscales a medida de las gasistas
El origen de la causa se encuentra en la actividad de Equipo Económico, posteriormente denominado Global Afteli. Según el auto que levantó el secreto de la investigación en julio de 2025, el despacho habría actuado como intermediario entre grandes empresas y el Ministerio de Hacienda para conseguir modificaciones legislativas ajustadas a los intereses de sus clientes.
Una de las principales líneas afecta a las empresas integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos habrían contratado los servicios de Equipo Económico para lograr cambios en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Las compañías habían intentado previamente impulsar esas reformas sin conseguirlo. Las modificaciones salieron adelante después de contratar al despacho y, según las pesquisas, las propias gasistas llegaron a participar en la redacción de los cambios legales que beneficiaban a su actividad.
El juez sospecha que parte de los pagos realizados a Equipo Económico carecía de una prestación profesional suficiente y podía encubrir comisiones destinadas a comprar influencia dentro del Ministerio. El auto atribuye a Montoro el posible uso de sus competencias en la iniciativa legislativa de Hacienda para facilitar esas reformas y asegurar ingresos para el despacho que había cofundado.
Junto al exministro aparecen investigados varios colaboradores que pasaron por Equipo Económico y ocuparon posteriormente puestos decisivos en Hacienda. Entre ellos figuran el exsecretario de Estado Miguel Ferré, la exsubsecretaria Pilar Platero y los antiguos directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.
La causa investiga posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Las defensas rechazan las acusaciones y recuerdan que Montoro abandonó el despacho antes de regresar al Gobierno con Mariano Rajoy.
Los Mossos deberán entregar ahora los informes pendientes y completar el rastreo bancario ordenado por el juzgado. Después llegará el turno de Montoro y del resto de investigados que todavía no han comparecido. Rus mantiene abierta la instrucción para escucharles y decidir qué nuevas diligencias exige el dinero encontrado en las cuentas.
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