El juez ha ordenado el rastreo de las cuentas bancarias del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el marco de una investigación que afecta a 28 personas físicas y seis entidades jurídicas y que se centra en un supuesto entramado de pagos vinculados a modificaciones legales.
El auto, fechado el 30 de marzo de 2026, incluye también a su entorno más cercano, como su esposa, Beatriz Blázquez, y su hermano, Ricardo Montoro, así como a antiguos altos cargos del Ministerio de Hacienda como Pilar Platero, exsubsecretaria de Presupuestos, y Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda.
Las diligencias alcanzan igualmente a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, y a varios de sus socios, entre ellos Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez y Francisco Piedras. La firma ha recurrido el auto judicial que ordena estas actuaciones.
Según consta en el sumario, la investigación se centra en un supuesto negocio de amaño de leyes y otras irregularidades que se habrían desarrollado durante los gobiernos de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, etapa en la que Montoro fue ministro, y que, según los investigadores, se mantuvieron hasta el final de la legislatura.
De acuerdo con estas investigaciones, la supuesta operativa consistía en introducir modificaciones normativas solicitadas por empresas que habrían pagado a Equipo Económico. Estas modificaciones habrían quedado reflejadas, entre otros textos, en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en junio de 2018.
Un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa identifica “flujos monetarios” vinculados a cambios en el Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Según los peritos, estos movimientos económicos “no existirían de no ser por el presunto concierto investigado entre el despacho y las empresas gasísticas”. Estas modificaciones fiscales habrían permitido a determinadas compañías obtener rebajas impositivas que, según la investigación, podían alcanzar hasta el 85%.
