Hace casi un mes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió para examinar la resolución judicial dictada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cual le imponía medidas cautelares como la retirada de su pasaporte, porque, consideró que Gómez podría fugarse del país ayudada por sus escoltas. No obstante, este martes el consejo se reúne para evaluar si se lleva a cabo el archivo de las quejas presentadas contra el magistrado que ha sido porpuesto por Promotor de la Acción Disciplinaria.
En el consejo votaron a favor de abrirle un expediente disciplinario a Peinado y contó con el voto a favor de la presidenta Isabel Perelló. La convocatoria y la resolución se produjo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al CGPJ la "más enérgica queja" por el contenido de la resolución y reclamara la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones". La iniciativa del titular de Interior llegó tras las referencias realizadas por el magistrado a los agentes encargados de la protección de Gómez.
En su resolución, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y estableció diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El juez justificó estas medidas al considerar que existe riesgo de fuga y señaló que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Las afirmaciones recogidas en el auto provocaron una rápida reacción del Ministerio del Interior. En su escrito dirigido a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, Marlaska denunció el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y calificó la situación como "un hecho de máxima gravedad". Además, el departamento ministerial considera que las "sospechas injustificadas" expresadas por el magistrado no solo afectan a los escoltas asignados a la esposa del presidente, sino también a sus mandos, al insinuar que podrían llegar a impartir instrucciones contrarias a la legalidad. Una vez concluya la reunión extraordinaria, el CGPJ tiene previsto informar sobre las conclusiones alcanzadas y sobre las posibles medidas que puedan adoptarse respecto a la actuación del juez.
La Audiencia tumba dos de los delitos atribuidos
La investigación judicial sobre Begoña Gómez ha entrado en una nueva fase después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que se le atribuían inicialmente. Tras esa decisión, el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha requerido a las partes que adapten sus escritos a la nueva situación procesal de cara a la celebración del futuro juicio con jurado.
Según una providencia a la que ha tenido acceso 'Europa Press', el magistrado ha dado traslado de la resolución de la Audiencia y ha instado a la acusación popular, liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a presentar nuevas conclusiones ajustadas al marco fijado por el tribunal madrileño.
La Audiencia no solo eliminó dos de los cuatro delitos que habían sido atribuidos inicialmente a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que también acordó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre ella y sobre su asesora, Cristina Álvarez. No obstante, mantuvo la continuidad del procedimiento por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, así como la celebración de un juicio con jurado popular.
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