Apenas un día después de aplazar su decisión sobre las quejas dirigidas contra el juez Juan Carlos Peinado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una reforma de su reglamento interno que modifica el sistema para presentar reclamaciones disciplinarias contra jueces y magistrados. El nuevo modelo limita esa posibilidad a quienes estén directamente vinculados al procedimiento judicial e impide que particulares o asociaciones ajenas al proceso puedan activar este mecanismo.
La modificación, que ahora deberá ser informada por las asociaciones judiciales antes de completar su tramitación, también establece que no se admitirán denuncias anónimas y permite rechazar de plano aquellas que resulten irrespetuosas o que persigan revisar el contenido de resoluciones judiciales.
La reforma del reglamento no ha estado exenta de discrepancias dentro del propio Consejo. Las vocales Inés Herreros y Esther Erice emitieron un voto particular al considerar que el nuevo modelo entra en conflicto con la Ley Orgánica del Poder Judicial, al restringir la posibilidad de que terceros puedan poner en conocimiento posibles irregularidades. Según ambas, impedir que personas ajenas a un procedimiento presenten quejas proyecta una imagen "corporativa" y "opaca" del Poder Judicial al reducir los mecanismos de control externo sobre la actuación de jueces y magistrados.
La coincidencia con el caso Peinado
La reforma llega mientras el órgano de gobierno de los jueces mantiene pendiente su pronunciamiento sobre varias quejas presentadas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez. La Comisión Permanente decidió este lunes aplazar una semana su decisión sobre el archivo de esos expedientes, pese a que el Promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto cerrarlos.
Entre las reclamaciones figura la presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que el magistrado sugiriera en uno de sus autos que los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente del Gobierno podrían llegar a facilitar una eventual fuga. Esa afirmación llevó al titular de Interior a trasladar una "enérgica queja" al CGPJ al considerar que ponía en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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