La crisis migratoria ha alcanzado de lleno a los juzgados de Ceuta. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado este martes dos magistrados y más personal experimentado para responder al fuerte incremento de asuntos registrado desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
La Comisión Permanente ha tomado la decisión después de estudiar un informe encargado el 5 de agosto a su Servicio de Inspección. El documento concluye que lo sucedido ha afectado "de manera extraordinaria" al servicio público de Justicia, especialmente a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia y a sus turnos de guardia.
Las cifras recogidas por el Poder Judicial reflejan el alcance de la sobrecarga. Entre el 30 de julio y el 5 de agosto se abrieron 96 diligencias previas por fallecimientos, otras 23 relacionadas con personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos ocurridos durante esos días.
Las 96 diligencias corresponden a procedimientos abiertos para investigar fallecimientos y esclarecer las circunstancias de cada caso. La cifra, por tanto, debe manejarse como un dato judicial y todavía no constituye un balance definitivo de víctimas identificadas.
La presión continuó durante la semana siguiente. Entre el 5 y el 11 de agosto, los juzgados recibieron otros 72 atestados policiales con personas detenidas o citadas. Esa acumulación se produce mientras Interior continúa con las identificaciones y ha elevado este martes a 2.168 el número de menores localizados por la Policía Nacional y puestos a disposición del Gobierno ceutí desde finales de julio.
Los órganos judiciales cumplen una función central en la investigación de las muertes, la situación de las personas detenidas y las posibles responsabilidades penales. También intervienen en las medidas que afectan a quienes se encuentran pendientes de expulsión cuando su devolución inmediata resulta legal o materialmente imposible.
Refuerzos para las guardias y los casos de violencia sexual
El CGPJ considera necesario destinar un juez o magistrado adicional al servicio de guardia y crear otra comisión de servicios específica para la plaza con competencia en Violencia sobre la Mujer, que también tramita los delitos sexuales.
El informe de Inspección advierte de un aumento de la carga de trabajo en este último órgano, "especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales". El comunicado mantiene estos hechos dentro del terreno de las investigaciones abiertas y carece de una cifra cerrada o de una atribución colectiva de responsabilidades.
La situación se complicaba además por el próximo cese del juez que actualmente presta apoyo en esa plaza mientras espera un nuevo destino. La Comisión Permanente ha decidido prolongar su estancia en Ceuta, atendiendo a la petición formulada tanto por los magistrados de la ciudad como por el propio interesado.
El CGPJ ha trasladado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia ceutí la necesidad de que tramiten formalmente las dos comisiones de servicio. La solicitud deberá realizarse conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El tribunal ya había reorganizado parte de sus recursos para mantener las guardias, incorporando magistrados y funcionarios procedentes de otros órganos de la ciudad. Estas medidas han permitido sostener la actividad más inmediata, aunque el Servicio de Inspección advierte de que la duración de la crisis exige apoyos "de mayor duración y estabilidad".
Más funcionarios, intérpretes y apoyo pericial
La petición del Poder Judicial alcanza también al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El CGPJ reclama un letrado de la Administración de Justicia, un gestor, dos tramitadores y un funcionario de auxilio judicial, todos ellos con experiencia y destinados temporalmente en Ceuta mientras persista la situación extraordinaria.
A estos refuerzos se suman dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para las guardias. Los propios magistrados ceutíes trasladaron estas necesidades al Consejo después de reunirse el pasado 14 de agosto y reclamar una respuesta capaz de mantener la tramitación de los procedimientos acumulados.
La llegada de intérpretes resulta especialmente relevante en una ciudad donde los órganos judiciales deben tomar declaración y comunicar resoluciones a personas de distintas nacionalidades. El servicio pericial permitiría atender sin demoras las diligencias urgentes que requieren valoraciones técnicas durante las guardias.
El vocal del CGPJ José Antonio Montero, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo antes de incorporarse al Consejo, visitará durante los próximos días los órganos judiciales de Ceuta. Montero evaluará sobre el terreno la carga que soportan las distintas plazas mientras el tribunal superior tramita la incorporación de los dos magistrados y el Ministerio de Justicia estudia el resto de refuerzos solicitados.
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