El pasado mes de julio Begoña Gómez cambió su defensa, encomendando al experto en Tribunal del Jurado, Jaime Campaner, tras comprobar que la obsesiva instrucción del juez Peinado estaba incorregiblemente orientada hacia este tipo de procedimiento. La elección de un abogado procesalista, y no un penalista, deja claro que la estrategia de defensa de Gómez no está tanto en desmontar la acusación con pruebas de descargo sino en conseguir la nulidad del procedimiento en su totalidad en base a defectos procesales. Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos intentos ha sido eficaz. El juez Peinado ha sido respaldado, salvo algunos rapapolvos, por la Audiencia Provincial de Madrid, que le ha permitido continuar sus desmanes hasta las vísperas de su jubilación forzosa.
La defensa de Gómez ha apuntado a numerosas irregularidades en esta fase final de la instrucción, pero la clave parece encontrarse en el escrito de acusación de la plataforma ultra ‘Hazte Oír’. Este documento solo puede calificarse, y siendo muy generosos, como una auténtica chapuza jurídica. Los errores se agolpan en sus página: menciones a testimonios en fase de instrucción que no pueden llegar al conocimiento del Jurado, extractos tergiversados de informes de la UCO, autos que resuelven cuestiones procesales como argumentos materiales. En definitiva, una ensalada de disparates procesales que, sin embargo, el juez Peinado dio por buena antes de emitir el auto de apertura de juicio oral, dando por finalizada la instrucción.
Llegados a este punto, la estrategia actual de Begoña Gómez se centra en evitar la celebración de juicio oral ante el Tribunal del Jurado. Esto supondría una serie de sesiones que, tal y como exige la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se celebraría de forma pública, y acabarían llenando horas y horas de retransmisiones en directo de la esposa del Presidente del Gobierno ante un Tribunal, con el coste político y personal que ello supondría.
Ya conscientes de que la apertura de juicio oral es inevitable, la última oportunidad para detener el procedimiento, antes incluso de la conformación del Jurado, se encuentra en las cuestiones previas. Esto supone plantear al órgano enjuiciador, es decir, otro juez que no ya no sería Peinado, la concurrencia de circunstancias que impiden la continuación del proceso. En el caso de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), todo apunta a que se apoyaría en el art. 36, que reconoce como una de estas causas la falta de inclusión de hechos justiciables en el escrito de acusación.
Planteadas estas cuestiones al inicio de la primera sesión, se resuelven, por regla general, de forma oral e inmediata, salvo que el Magistrado-Presidente considere que la cuestión reviste complejidad suficiente para requerir un breve plazo de reflexión, lo cual parece procedente en este caso ya que tendría que examinar en detalle el escrito de acusación para comprobar si concurre el defecto alegado. Cuestión distinta es que la pereza sea más fuerte y opte por una interpretación elástica de la LECrim, limitándose a repetir la contestación que ya dio Peinado en este asunto al final de su instrucción. Esto último sería bochornoso aunque, tristemente, a nadie sorprendería.
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