Dos agentes de la Policía Nacional heridos durante los disturbios vinculados a Tsunami Democràtic en la plaza Urquinaona de Barcelona han llevado al Ministerio del Interior ante la Audiencia Nacional después de que se les negara el reconocimiento como víctimas del terrorismo. Ambos funcionarios sufrieron graves lesiones durante los altercados registrados en octubre de 2019, en una noche marcada por enfrentamientos violentos, lanzamiento de adoquines, cócteles molotov y objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad.
Uno de los policías quedó incapacitado de forma permanente tras sufrir una fractura abierta en el brazo por el impacto de un adoquín lanzado desde altura, mientras que el segundo arrastra secuelas psicológicas y estrés postraumático desde aquella intervención. La defensa de los agentes, ejercida por Fuster-Fabra Abogados y Statera Legal, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior y contra la decisión de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que rechazó concederles esa condición jurídica.
Sin embargo, el procedimiento se enfrenta a un importante obstáculo judicial: tanto el Tribunal Supremo como la propia Audiencia Nacional archivaron la causa relacionada con Tsunami Democràtic al apreciar nulidad procesal en la investigación. Las resoluciones judiciales dejaron sin efecto la tesis terrorista que impulsó en su momento el magistrado Manuel García Castellón, por lo que jurídicamente no existe actualmente una causa abierta que defina a la plataforma independentista como organización terrorista.
El archivo llegó después de que se considerara que el juez instructor prorrogó la investigación fuera de plazo, una actuación que invalidó parte del procedimiento y provocó el cierre de la causa sin entrar en el fondo penal de los hechos. Precisamente por ello, distintas voces jurídicas consideran complicado sostener ahora que los agentes puedan ser reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo, al no existir una resolución firme que califique aquellos disturbios bajo ese delito.
Aun así, la representación legal de los policías sostiene que el recurso busca revisar si la actuación de la Administración se ajustó a derecho y defiende que la violencia sufrida por los agentes durante las protestas encaja en los supuestos previstos en la legislación de víctimas del terrorismo.
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