La Fiscalía de Ceuta considera que corresponde a la Audiencia Nacional investigar la posible responsabilidad del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la crisis migratoria. El Ministerio Público sostiene que la investigación debe determinar si "las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos".
Esta posición quedó recogida en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Fiscalía respaldó que los juzgados ceutíes trasladaran a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por Manos Limpias y Hazte Oír contra Pérez Triano. La causa se integraría así en el procedimiento principal que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
El Ministerio Público ya había defendido esta vía antes de que los órganos judiciales de Ceuta decidieran finalmente inhibirse. En ese momento, la Fiscalía advertía de que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".
Una investigación que abarca toda la respuesta ante la crisis
La Fiscalía plantea que para determinar la eventual responsabilidad del delegado del Gobierno no basta con analizar decisiones concretas de forma aislada. A su juicio, es necesario reconstruir cómo actuaron las autoridades españolas antes y durante la llegada masiva de personas a la costa ceutí.
"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", señaló el Ministerio Público.
Las denuncias contra Pérez Triano cuestionan precisamente su posible actuación en estos ámbitos. Según recoge el escrito, apuntan a su "eventual responsabilidad" por las decisiones tomadas, las instrucciones dadas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción y la gestión de la situación generada durante la crisis.
La Fiscalía también alude a la "presunta omisión de medidas" que, según añade, "pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".
Evitar dos investigaciones sobre un mismo episodio
El Ministerio Público defiende además que la investigación se concentre en un mismo órgano judicial para analizar tanto la actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva como la respuesta de las autoridades españolas.
Por un lado, sitúa "la actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva", que "constituye el presupuesto inicial de la secuencia". Por otro, incorpora "la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno", que "forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación".
Aunque las conductas investigadas pudieron producirse "en momentos y espacios distintos", la Fiscalía considera que todas ellas "se producen sobre un mismo acontecimiento". Por este motivo, entiende que no son "de hechos aislados o independientes", sino "actuaciones que presentan una unidad de contexto".
El escrito insiste en que la relación entre las distintas actuaciones va más allá de que algunas de las personas investigadas puedan coincidir. Esta conexión "no se limita a la identidad de las personas investigadas, sino que se extiende a la unidad del hecho histórico, la comunidad de prueba y la interdependencia de las conductas".
Con este argumento, la Fiscalía advierte de que mantener investigaciones separadas "podría impedir valorar adecuadamente el conjunto del engranaje operativo e institucional, producir duplicidad de diligencias y generar resoluciones contradictorias sobre cuestiones esenciales como la previsibilidad del riesgo".
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