La Audiencia Nacional ha aceptado este miércoles que el Estado se persone como acusación particular en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La jueza María Tardón considera que los hechos investigados pudieron causar un perjuicio directo al conjunto de España y constituir un ataque contra la soberanía nacional, la integridad territorial y la estabilidad del Estado.
La decisión permite que la Abogacía del Estado participe activamente en el procedimiento como representante de la parte perjudicada. Podrá acceder a las actuaciones dentro de los límites fijados por el secreto judicial, solicitar diligencias, presentar recursos y formular acusación cuando avance la investigación.
"La condición de perjudicado concurre, sin duda, en el propio Estado español", sostiene Tardón en el auto. La magistrada ha respaldado así la solicitud presentada por los servicios jurídicos del Gobierno, que argumentaron que la entrada de decenas de miles de personas afectó a intereses esenciales del país.
La jueza recuerda que Ceuta y sus habitantes fueron las víctimas directas e inmediatas de lo sucedido durante los días 30 y 31 de julio. La crisis puso en riesgo la vida y los derechos de miles de personas, alteró la seguridad de la ciudad y desbordó sus servicios públicos y asistenciales.
El auto amplía ese perjuicio al propio Reino de España. Las conductas bajo investigación pudieron afectar a "la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho".
La entrada del Estado como acusación particular tiene una importancia distinta a la presencia de partidos y organizaciones como acusaciones populares. La Abogacía interviene porque la magistrada reconoce un daño directo a los intereses públicos que representa, mientras PP, la ultraderecha Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa ejercen la acción penal sin presentarse como víctimas de los hechos.
Tardón ha establecido, sin embargo, un límite. El Estado no podrá personarse expresamente dentro de la pieza separada utilizada para ordenar las diligencias reservadas. La magistrada considera que esa pieza tiene un carácter instrumental y sirve únicamente para preservar el secreto de las actuaciones confidenciales.
La restricción afecta a esa pieza concreta y mantiene intacta la participación de la Abogacía del Estado en el procedimiento principal. El Ejecutivo se suma de esta manera a la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuya personación como acusación particular ya había sido admitida por el juzgado.
Delitos contra la independencia y 140 fallecidos
La causa investiga si la entrada masiva pudo responder a una actuación delictiva organizada desde el extranjero con capacidad para dañar gravemente la integridad territorial de España. Tardón asumió la competencia después de apreciar indicios que permitían situar los hechos dentro de las materias reservadas a la Audiencia Nacional.
La magistrada ha mencionado posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal. La investigación deberá esclarecer cómo se promovieron las convocatorias, quién pudo intervenir en su preparación y qué responsabilidad tuvieron las personas u organizaciones implicadas.
Durante la crisis murieron alrededor de 140 personas, 83 de ellas en aguas españolas, mientras decenas de miles consiguieron alcanzar Ceuta desde Marruecos. El procedimiento examina también la actuación de las fuerzas marroquíes, cuya permisividad y respuesta tardía fueron recogidas en distintos documentos policiales y de inteligencia.
La decisión judicial coincide con la publicación de los 40 documentos desclasificados por el Gobierno. Los informes contienen alertas, mensajes y análisis elaborados durante julio por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
La Abogacía del Estado podrá utilizar ahora esa documentación para impulsar las diligencias y reclamar responsabilidades dentro de la causa. La investigación permanece bajo la dirección de María Tardón y deberá identificar a quienes promovieron o facilitaron una entrada masiva que la jueza considera capaz de haber atacado intereses esenciales de España.
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