La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido este martes la personación de Ceuta como acusación particular en la investigación sobre la entrada masiva de personas migrantes registrada durante los días 30 y 31 de julio. La magistrada considera acreditada su condición de perjudicada por unos hechos que golpearon directamente a la ciudad y a sus habitantes.
"La condición de perjudicado sin duda concurre", sostiene Tardón en su auto. La instructora considera que Ceuta y su población fueron "víctima directa e inmediata" de unos acontecimientos que afectaron a su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de las personas y sus bienes.
La resolución responde a la solicitud presentada por los servicios jurídicos de la ciudad después de que el Gobierno de Juan Jesús Vivas aprobara la personación en una reunión extraordinaria. El Ejecutivo ceutí alegó que la crisis había perjudicado gravemente el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad ciudadana y el sistema de protección de menores migrantes solos.
Ceuta podrá intervenir a partir de ahora activamente en el procedimiento, solicitar nuevas diligencias, recurrir resoluciones y reclamar las posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de los daños. El Gobierno local explicó al anunciar su decisión que su propósito era defender los derechos de las víctimas, representadas en este caso por el conjunto del pueblo ceutí.
Una acusación propia dentro de la causa
La condición de acusación particular permite a Ceuta mantener una posición propia, diferente de las acusaciones populares admitidas por la Audiencia Nacional. Entre ellas se encuentran Iustitia Europa, el Partido Popular, la ultraderecha Vox, Ahora España, Hazte Oír, Zeolandia y Libertad y Justicia, que deberán actuar bajo una representación unificada.
La jueza rechazó, en cambio, la intervención de Se Acabó La Fiesta (SALF), partido del agitador ultra y eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Tardón consideró que su denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el rey de Marruecos y varios responsables de seguridad carecía de justificación y suponía una "instrumentalización política" del proceso penal.
La admisión de Ceuta constituye uno de los primeros movimientos de la magistrada desde que decidió mantener en la Audiencia Nacional la investigación. Tardón aprecia indicios de posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio imprudente por al menos 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas y organización criminal.
La instructora considera que los hechos pudieron suponer un ataque grave contra la integridad territorial de España y señala una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos. El auto alude al comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes en las playas de Fnideq y en los alrededores de Castillejos, documentado mediante fotografías y vídeos.
Esta conclusión judicial contrasta con la cautela mantenida hasta ahora por el Gobierno, que sostiene que todavía no existen pruebas concluyentes para atribuir al Ejecutivo marroquí la organización de la entrada masiva. La Fiscalía respaldó que la Audiencia Nacional asumiera la investigación al considerar que sus principales efectos se produjeron en territorio español.
El Gobierno también prepara su personación
La Administración General del Estado también solicitará entrar en el procedimiento como parte perjudicada. El mando único desplegado ante la crisis ha acordado pedir a la Abogacía del Estado que tramite la personación, según han trasladado fuentes de Moncloa.
El Gobierno central y Ceuta compartirán así la condición de administraciones afectadas, aunque cada una podrá defender sus propios intereses y los perjuicios sufridos. La incorporación de ambas instituciones dará mayor peso público a una causa que deberá aclarar quién impulsó o facilitó las entradas, cómo se produjeron y qué responsabilidades pueden derivarse de las muertes.
Vivas ha coincidido este martes con la resolución durante su viaje a Bruselas, aunque no se ha pronunciado expresamente sobre el auto. El presidente ceutí ha descrito la ciudad como una "olla a presión" y ha reclamado a la Unión Europea una implicación permanente mediante Frontex y la Agencia Europea de Asilo.
El dirigente popular también ha pedido un estatus europeo específico para Ceuta y Melilla, más financiación para la frontera y una respuesta adaptada a su condición de únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África. La Comisión Europea estudia ayudas de emergencia y prepara el envío de una misión técnica a Ceuta para analizar sobre el terreno las necesidades de la ciudad.
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