La jueza María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva e irregular de personas en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La magistrada considera, de forma provisional, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado que de va a personar en la causa.
El encargado en transmitir la información ha sido el ministro de Política Territorial y memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en La noche en 24 horas en la que ha señalado: "El Gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado [...] Vamos a defender que en esa personación podamos tener toda la información y defender que si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, allí estaremos nosotros".
Preguntado por si personarse como "perjudicado" supone que el Ejecutivo vaya a actuar contra Marruecos, Torres ha evitado anticipar responsabilidades y ha señalado que será la propia investigación la que permita esclarecer lo sucedido. "Se ha abierto un proceso judicial en el que se ha analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estaremos", ha afirmado.
"Una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero"
La magistrada María Tradón considera, en su auto de admisión, respaldado por un informe favorable de la Fiscalía, que “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
La resolución recoge un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), según el cual la entrada masiva no habría sido un episodio espontáneo o aislado. La juez señala que, en los días previos, se registró un incremento sostenido de las entradas en Ceuta y que las redes sociales desempeñaron un papel relevante en la difusión de las convocatorias. El 29 de julio, el CENIF emitió una alerta de riesgo extremo ante la previsión de entradas coordinadas a nado y mediante el salto de la valla.
Durante los días 30 y 31 de julio se sucedieron, según el auto, oleadas de distinta intensidad que llegaron a desbordar la capacidad de respuesta del sistema español de control fronterizo. La magistrada considera que esta movilización supuso una vulneración masiva de la soberanía territorial española y apunta además a consecuencias posteriores en ámbitos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales y la defensa, así como a posibles efectos internacionales y políticos.
Tardón también pone el foco en las condiciones en las que muchas personas realizaron el trayecto marítimo. El auto habla de un “absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables” y señala que algunas fueron conducidas al mar sin preparación suficiente, con ropa inadecuada y medios de flotación precarios. La investigación contempla 83 fallecimientos acreditados hasta el momento en aguas españolas, que la juez vincula provisionalmente con posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes.
Otro de los elementos destacados por la instructora es la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona de Fnideq y Castillejos. Según recoge el auto: "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”. La resolución apunta a una posible actitud de permisividad e incluso de “guiado activo” de quienes trataban de acceder a España.
Puente carga contra la magistrada
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha concedido una entrevista en el programa de la 'Cadena SER' Hora 25 donde ha comentado las últimas informaciones sobre la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en el territorio español entre los días 30 y 31 de julio.
En este sentido, preguntado por el periodista José Luis Sastre sobre la apertura de causa por parte de la magistrada María Tardón, para investigar la crisis migratoria, Puente, ha puesto en duda su "imparcialidad". Asimismo, ha mantenido la postura del Ejecutivo afirmando que no hay evidencia de que el Gobierno de Marruecos haya organizado o participado en la entrada.
"Hasta la fecha ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha afirmado el ministro haciendo alusión al pasado de la jueza como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
Puente ha insistido en sus críticas a la magistrada y ha defendido que sus dudas no responden únicamente a su trayectoria política, sino a una serie de "hechos" que, a su juicio, deben tenerse en cuenta. En este sentido, ha recordado que Tardón, aunque actualmente ejerce como jueza, "proviene del mundo político".
La magistrada había declarado este mismo lunes la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la causa y había enviado un exhorto a los juzgados de Ceuta. En su resolución, Tardón sostenía que "las conductas objeto del procedimiento han atentado contra la forma de Gobierno" y que los hechos podían constituir "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".
El titular de Transportes ha cuestionado también que la apertura de la investigación se haya producido con los elementos disponibles hasta el momento. "No tengo los elementos de prueba con los que cuenta la jueza. Si todo con lo que cuenta es con el informe policial, no sé si es una decisión muy acertada", ha señalado.
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