El Gobierno afronta este martes una nueva jornada decisiva en la gestión de la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos, mientras varios ministros se desplazarán a la ciudad para supervisar la acogida, la seguridad y un inicio del curso escolar marcado por la preocupación de las familias.
La decisión permitirá conocer el contenido de los documentos manejados por el Ejecutivo antes y durante los días 30 y 31 de julio. El acuerdo se adoptará este martes, aunque la desclasificación tendrá efectos el miércoles, cuando aparezca publicada la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, los informes estarán disponibles en un dosier de acceso público.
Pedro Sánchez dejó marcado el rumbo este lunes durante la apertura del curso político del PSOE en el Congreso. El presidente del Gobierno situó a Ceuta como la "principal prioridad" del Ejecutivo, prometió esclarecer lo ocurrido y confió en que la ciudad recupere pronto la normalidad gracias al despliegue estatal. "Vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y, cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con transparencia", afirmó.
Los informes del CNI serán públicos el miércoles
La publicación permitirá comprobar qué avisos recibieron las autoridades y si alguno anticipó la dimensión de una entrada que desbordó durante varias horas la frontera. Sánchez aseguró la pasada semana en el Congreso que ningún informe previó la escala ni la probabilidad de la crisis, aunque reconoció que durante julio se había detectado un aumento de los intentos de entrada a nado.
El Gobierno sostiene que las comunicaciones anteriores recogían datos y avisos rutinarios, insuficientes para anticipar la llegada de decenas de miles de personas en unas horas. Esa versión podrá contrastarse desde el miércoles con el contenido completo de los documentos, en medio de las acusaciones del PP y Vox sobre una supuesta ocultación de información.
La desclasificación coincide además con la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón ha asumido las diligencias al considerar que lo sucedido pudo representar un ataque grave contra la integridad territorial de España. Su auto recoge una actuación favorecedora de agentes marroquíes que habrían guiado a algunas de las personas hacia los puntos de entrada. La posible atribución de aquella actuación al Gobierno de Rabat sigue pendiente de pruebas concluyentes.
Frente a la presión política, el Ejecutivo reivindica el trabajo realizado desde finales de julio. Sánchez cifró en unas 63.000 las personas que regresaron a Marruecos durante las primeras 72 horas, mientras la Comisión Europea ha destacado la rapidez de aquella primera respuesta. El Gobierno también declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional, lo que permitió establecer un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
A ese despliegue se ha sumado un plan de choque de 309 millones de euros para reforzar los servicios públicos y apoyar la recuperación económica de Ceuta. El paquete reserva 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para atención humanitaria y 80 millones para empresas, trabajadores y comercio.
Torres detalló este lunes que se han habilitado unas 3.500 plazas y que las instalaciones previstas permitirán elevar la capacidad hasta las 6.000. También cifró en 4.000 los retornos voluntarios realizados desde el 10 de agosto, confirmó la identificación de más de 2.000 menores y explicó que se distribuyen alrededor de 3.500 comidas diarias. El refuerzo administrativo incorpora medio centenar de funcionarios para agilizar los expedientes individuales.
El ministro mantuvo además una conversación con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, para explicarle la evolución de la crisis y el acondicionamiento de los nuevos espacios. El objetivo inmediato pasa por completar la filiación, facilitar las reagrupaciones familiares y resolver con mayor rapidez las solicitudes de protección o los procedimientos de devolución.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participará primero en el Consejo de Ministros y viajará después a Ceuta. A las 14.00 horas visitará el centro temporal habilitado en El Tarajal, posteriormente acudirá al puesto fronterizo y comparecerá por la tarde desde la Delegación del Gobierno. También se desplazará a la ciudad la ministra de Educación, Milagros Tolón, coincidiendo con el comienzo de las clases.
Educación ha contratado seguridad privada para los 35 colegios de Ceuta, incluidos los centros concertados, y ha reforzado los itinerarios escolares con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tolón defendió este lunes que todos los centros son seguros y pidió recuperar cuanto antes la rutina escolar, aunque algunas familias todavía mantienen dudas sobre la asistencia de sus hijos.
El puerto enfrenta al Gobierno con Vivas y el PP
El principal choque institucional se concentra ahora en las parcelas del puerto elegidas para instalar medio centenar de carpas temporales, con capacidad aproximada para 700 personas. El Gobierno considera que estos espacios permitirán sacar a los migrantes de las calles, completar su identificación y acelerar los distintos procedimientos administrativos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, rechazó finalmente esta ubicación y advirtió de sus posibles efectos sobre la actividad portuaria. El dirigente popular describió la ciudad como una "olla a presión" y aseguró que se encuentra "al límite" desde el punto de vista de la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de los servicios públicos.
Óscar Puente respondió que las dos parcelas habían sido acordadas previamente con el Gobierno ceutí y que esa decisión figura en las actas de las reuniones. El ministro de Transportes acusó a Vivas de cambiar su posición al someter la propuesta a votación en la Autoridad Portuaria y calificó lo ocurrido como una "encerrona".
"Ceuta no es California, es un lugar muy pequeñito", defendió Puente para justificar una ubicación alejada del casco urbano, acotable y compatible con el mantenimiento de la actividad portuaria. Transportes recurrió al artículo 73.3 de la legislación portuaria, que permite autorizar estos usos por razones vinculadas a la seguridad nacional.
El ministro elevó el tono político al acusar al Gobierno de Ceuta de contribuir a que la situación se prolongue y responsabilizó a Alberto Núñez Feijóo del cambio de postura. Vivas recibió este lunes el respaldo público del líder del PP y de numerosos presidentes autonómicos populares, que reclamaron más seguridad y rechazaron el traslado de menores migrantes a la Península.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Sanidad, Mónica García, denunció que las comunidades gobernadas por el PP mantienen bloqueadas unas 500 plazas disponibles para acoger menores. El Gobierno reclama corresponsabilidad autonómica para aliviar los servicios ceutíes, mientras los dirigentes populares sostienen que los traslados extenderían a otras comunidades las consecuencias de la crisis.
La ultraderecha Vox ha llevado la confrontación hasta el Tribunal Supremo con una querella contra Sánchez, Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. La formación les atribuye presuntos delitos de colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
Vox también pretende activar el artículo 102 de la Constitución para acusar al presidente de traición. Para iniciar ese procedimiento necesita el respaldo de 88 diputados y cuenta con 32, por lo que ha pedido al PP y a otros grupos que completen las firmas. La querella deberá superar ahora el examen de admisión de la Sala Penal del Supremo.
La dimensión europea de la crisis continuará igualmente este martes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá en Bruselas con el comisario Magnus Brunner, que también recibirá por separado a Vivas. El Gobierno busca reforzar la implicación de la Unión Europea en la frontera sur y mantener los canales diplomáticos con Marruecos mientras avanza la investigación judicial.
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