El Gobierno abrirá este martes el nuevo curso político con la respuesta a la crisis de Ceuta en el centro de su primer Consejo de Ministros tras el verano. Pedro Sánchez presidirá una reunión en la que está prevista la aprobación de un paquete extraordinario de hasta 168 millones de euros para reactivar la economía de la ciudad autónoma, proteger el empleo y reforzar unos servicios públicos sometidos a una fuerte presión desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.
La cuantía equivale aproximadamente al 8% del producto interior bruto de Ceuta y ampliará el plan especial que, según los datos del Ejecutivo, ya ha movilizado alrededor de 180 millones entre 2023 y 2026. Sánchez avanzó las nuevas medidas este lunes durante su entrevista en 'Hoy por Hoy', de la 'Cadena SER', después de un mes en el que la actuación del Gobierno ha estado concentrada principalmente en la frontera, la acogida y el dispositivo de seguridad.
El Consejo también aprobará en segunda vuelta el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, que actualizará una regulación vigente desde 2003 y será remitido después al Congreso. La reforma llegará a la mesa en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que mantienen sus críticas al texto y estudian nuevas movilizaciones durante septiembre.
Un escudo de 168 millones para el empleo y los servicios de Ceuta
La respuesta económica combinará ayudas directas a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos con nuevas medidas laborales para evitar despidos y cierres. Entre ellas figura un régimen reforzado de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, los conocidos como ERTE, para las empresas afectadas por la crisis. Estos expedientes permitirán una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Los trabajadores incluidos podrán acceder a la prestación por desempleo sin reunir el periodo mínimo de cotización y sin consumir los derechos acumulados hasta ese momento.
El Ejecutivo elevará además del 50% al 75% las bonificaciones a la contratación en Ceuta y Melilla. La medida busca reducir los costes laborales, facilitar nuevas incorporaciones y devolver confianza a dos economías muy condicionadas por su situación fronteriza y por el encarecimiento del transporte de personas y mercancías.
El paquete incluirá una subvención extraordinaria de 21,5 millones para reforzar los servicios públicos y financiar el funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas. En el caso de Ceuta también se contemplarán partidas para limpieza y recogida de residuos en las zonas periféricas, seguridad ciudadana, regulación del tráfico y lucha contra el fraude en las importaciones.
Las administraciones ceutí y melillense dispondrán de quince días para solicitar estos recursos y Hacienda tendrá un mes para resolver las peticiones. Las cantidades concedidas deberán ejecutarse durante 2026.
Ochocientos traslados y más protección para menores y mujeres
El Consejo se celebrará después de que cerca de 800 migrantes fueran trasladados este lunes desde distintos puntos de Ceuta hasta los recursos habilitados por las administraciones. Entre ellos se encuentran madres con sus hijos, menores acompañados y adultos que permanecían en la calle o en instalaciones provisionales.
Uno de los movimientos más importantes permitió llevar a cerca de 250 mujeres y niñas desde un polideportivo de la barriada del Príncipe hasta el nuevo dispositivo de La Hípica, preparado con 320 plazas y vigilancia permanente. El traslado se produjo antes del comienzo del curso escolar y con la prioridad de reducir la exposición de las mujeres a posibles agresiones.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único desplegado por el Gobierno, explicó en 'Al Rojo Vivo', de laSexta, que la operación se desarrolló "no sin dificultades". El Ejecutivo ya dispone de más de 3.000 plazas temporales y trabaja con la previsión de alcanzar las 6.000 durante los próximos días.
La identificación de las personas acogidas será el siguiente paso. Para acelerar los expedientes han llegado 60 funcionarios de la Policía Nacional y otros once trabajadores destinados a los procedimientos de asilo. Torres defendió que la cifra exacta de personas que siguen en Ceuta podrá conocerse cuando todas estén filiadas y alojadas en espacios controlados.
El ministro sostuvo en 'Espejo Público', de Antena 3, que la mayoría de los adultos carecerá de derecho a protección internacional y tendrá que regresar a su país mediante procedimientos ajustados a la ley. También aseguró que más de 200 personas han sido expulsadas después de cometer delitos y prometió una respuesta "absolutamente intransigente" ante quienes alteren la seguridad de la ciudad.
El trabajo sobre el terreno continúa en un ambiente todavía delicado. La Policía Nacional tuvo que efectuar este lunes disparos disuasorios al aire y realizar cargas en Loma Colmenar después de que cientos de migrantes intentaran acceder al recinto habilitado. El incidente obligó a cortar temporalmente la carretera del Hospital Universitario. Horas después, Torres informó de que el reparto de alimentos por parte de Cruz Roja había podido retomarse con normalidad.
Desde el Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas volvió a cuestionar la actuación estatal en una entrevista en 'Espejo Público' y calificó la gestión de "impensable, inexplicable e inaceptable". El presidente ceutí apuntó a la "indolencia", la "irresponsabilidad" o el temor a incomodar a Marruecos. Torres evitó entrar en el enfrentamiento y aseguró que trabajará con "lealtad absoluta" hacia la ciudad.
La atención a los menores constituye otro de los frentes prioritarios. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó este lunes en el Congreso de que 1.478 niños y adolescentes ya se encuentran dentro del sistema de protección y calculó que quedan alrededor de 1.200 por identificar. Su departamento plantea el traslado urgente a la Península de 500 niñas especialmente vulnerables, una medida que espera todavía la autorización del Ejecutivo ceutí.
De las 760 niñas localizadas, 233 tienen menos de trece años y algunas han huido de violencia sexual, matrimonios forzados, malos tratos o situaciones de calle. Rego recordó que existen unas 2.000 plazas disponibles en el sistema estatal y defendió que los expedientes de cada menor pueden seguir tramitándose desde otros territorios mientras se estudia una posible reunificación familiar.
España había enviado a Marruecos cerca de 600 expedientes antes del 30 de julio para comprobar las condiciones de esos posibles retornos. La ministra aseguró que la respuesta de las autoridades marroquíes ha sido hasta ahora "el silencio". A los traslados se sumarán los 25 millones aprobados para sostener la atención, el alojamiento y el acompañamiento de los menores.
Igualdad reforzará también su presencia con una unidad multidisciplinar especializada en violencia contra mujeres y niñas. Ana Redondo anunció en el Congreso que estará integrada por profesionales de psicología, trabajo social, asesoramiento jurídico, migraciones, infancia y protección internacional. La Fiscalía ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas desde el inicio de la crisis, cinco de ellas violaciones, con nueve víctimas menores de entre 14 y 17 años.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha autorizado además la incorporación de un segundo juez de refuerzo para aliviar la carga de trabajo de los juzgados de Ceuta. Sánchez comparecerá este jueves en el Congreso para dar cuenta de toda la gestión y defender una actuación basada, según dijo el lunes, en "datos y hechos ciertos".
El Partido Popular mantiene sus dudas sobre el papel de Marruecos y reclama más rapidez al Ejecutivo, mientras Sumar ha pedido trasladar a la Península a menores y personas vulnerables y ha reprochado a Sánchez la ausencia de una crítica directa a Rabat.
El Estatuto Marco llega al Congreso con el pulso médico abierto
Al margen de Ceuta, el Consejo de Ministros aprobará el texto definitivo del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario antes de remitirlo al Congreso. La norma fue acordada por Sanidad con UGT, Comisiones Obreras, CSIF y SATSE, aunque las organizaciones médicas mantienen abierto su enfrentamiento con el departamento de Mónica García.
El proyecto reducirá las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, fijará una jornada máxima de 45 horas semanales y establecerá convocatorias de oposiciones cada dos años. También introduce nuevos límites al empleo temporal, medidas de conciliación y una clasificación profesional adaptada a la formación y las responsabilidades de cada categoría.
Los sindicatos médicos reclaman un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación diferenciada y la implantación de la jornada de 35 horas. Las conversaciones permanecen paralizadas desde antes del verano y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos analizará este viernes si activa la huelga indefinida anunciada para septiembre.
Sanidad sostiene que buena parte de las reivindicaciones salariales y de organización de las guardias depende de las comunidades autónomas. Durante el verano se han cerrado acuerdos en territorios como Euskadi, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el PSOE, han pedido al Ministerio que reabra la negociación del texto.
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