El conflicto por el nuevo Estatuto Marco ha vuelto a dominar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las 17 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, han exigido al Ministerio de Sanidad que retire el actual planteamiento y reinicie la negociación desde sus primeras fases, una petición que Mónica García ha rechazado de forma tajante.
"Ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en stand by las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando", ha respondido la ministra tras la reunión. García sostiene que volver al punto de partida supondría abandonar las mejoras ya negociadas y romper el acuerdo alcanzado con CCOO, UGT, CSIF y SATSE, las organizaciones presentes en la mesa sindical del personal estatutario.
La fotografía política resulta poco habitual. Comunidades gobernadas por el PP, el PSOE y otras formaciones han cerrado filas para reclamar otro método de negociación, con mayor participación de las administraciones que gestionan los servicios de salud. La unidad autonómica aumenta la presión sobre la ministra, aunque Sanidad recuerda que las consejerías han intervenido durante tres años mediante grupos técnicos, alegaciones y reuniones del Consejo Interterritorial.
Las comunidades exigen empezar de cero
La carta firmada por los consejeros considera que el proceso no ha alcanzado el consenso institucional y profesional necesario para reformar una norma que afectará a cientos de miles de trabajadores sanitarios. Las comunidades piden abrir una nueva etapa de diálogo en la que participen de manera efectiva el Ministerio, las administraciones empleadoras y las organizaciones profesionales.
Los gobiernos autonómicos también advierten de que la prolongación de los paros está afectando a la actividad asistencial y puede empeorar las listas de espera, la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Son las comunidades las que deberán reorganizar turnos, contratar personal y asumir el coste de buena parte de las medidas previstas.
Mónica García considera que esa petición condenaría la reforma a otro aplazamiento después de más de dos décadas con la misma legislación. El actual Estatuto Marco fue aprobado en 2003 y Sanidad lleva desde 2022 trabajando en su sustitución, con sucesivos borradores y reuniones con sindicatos y representantes autonómicos.
La ministra también acusa a las comunidades de mantener una posición contradictoria. Según ha explicado, varios de sus informes piden suprimir los artículos vinculados a la jornada laboral y a las guardias, precisamente dos de los asuntos que han movilizado a los médicos durante los últimos meses.
"Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y, con la otra, nos culpan de no atender esas reivindicaciones", ha reprochado García, que ha comparado la actitud autonómica con la del "perro del hortelano".
Las guardias de 24 horas concentran la pelea
El texto de Sanidad limita con carácter general las guardias obligatorias a 17 horas de trabajo efectivo y fija una jornada semanal máxima de 45 horas de promedio. También contempla convocatorias de oposiciones cada dos años, medidas para reducir la temporalidad y nuevas garantías de conciliación y descanso.
Las guardias de 24 horas quedarían reservadas a determinados fines de semana o centros de difícil cobertura, siempre con el consentimiento del profesional y tras una evaluación favorable de prevención de riesgos laborales.
Las comunidades advierten de que aplicar estos límites sin reforzar previamente las plantillas puede dejar turnos sin cubrir, especialmente en hospitales pequeños, zonas rurales y especialidades con falta de facultativos. También cuestionan que la continuidad asistencial pueda depender del consentimiento individual de cada médico.
Sanidad responde que mantener jornadas de un día completo perjudica la salud de los trabajadores y eleva el riesgo de errores. García considera "destructivo" conservar las guardias de 24 horas como parte ordinaria del sistema y sostiene que la reforma debe aprovechar el aumento de plazas universitarias y de formación sanitaria especializada.
Algunas autonomías han cerrado durante las últimas semanas acuerdos propios con los sindicatos médicos. Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco han pactado mejoras laborales para reducir la conflictividad en sus territorios, movimientos que el Ministerio observa con recelo cuando alteran equilibrios previamente negociados con los sindicatos generales.
Una disputa que arrastra meses de huelgas
El acuerdo alcanzado por Sanidad con CCOO, UGT, CSIF y SATSE permitió avanzar en la tramitación, pero dejó abierto el enfrentamiento con las organizaciones médicas. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz reclaman una regulación específica para médicos y facultativos, con una mesa propia que tenga en cuenta su formación, responsabilidad y disponibilidad permanente.
Entre sus demandas figuran la jornada ordinaria de 35 horas, una clasificación profesional diferente, una mejor remuneración del exceso de jornada y el reconocimiento de la penosidad de determinadas especialidades para acceder a una jubilación flexible.
Los facultativos han celebrado semanas de huelga cada mes entre febrero y junio. Las movilizaciones han provocado la suspensión de consultas, pruebas y operaciones, con un impacto que las comunidades utilizan ahora para justificar la necesidad de reiniciar el diálogo.
Los sindicatos médicos amenazan con convocar una huelga indefinida después del verano si el Ministerio mantiene el actual borrador. Sanidad rechaza un estatuto exclusivo para una sola profesión, aunque asegura que seguirá negociando cambios concretos dentro del marco común de todo el personal sanitario.
La disputa deja a García apoyada en el acuerdo con los sindicatos del Ámbito, pero enfrentada al comité de huelga y al conjunto de las administraciones autonómicas. El texto todavía deberá regresar al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, donde podrá recibir nuevas modificaciones.
Las listas de espera tendrán que esperar a septiembre
El Consejo Interterritorial tampoco ha cerrado el nuevo sistema de información sobre listas de espera. Las comunidades han pedido más tiempo para estudiar los indicadores y Sanidad ha aceptado aplazar la decisión hasta septiembre, cuando volverá a convocarse el órgano consultivo.
El Ministerio quiere sustituir una regulación que considera obsoleta y ofrecer datos más detallados sobre el tiempo que esperan los pacientes según la enfermedad, la prueba o la intervención pendiente. Las comunidades reclaman que los criterios se revisen antes en los órganos técnicos para evitar comparaciones inexactas entre sus servicios de salud.
Sanidad confía en alcanzar un acuerdo después del verano y comenzar entonces la elaboración del nuevo real decreto. El objetivo será homogeneizar la información que publican las autonomías y permitir un seguimiento más preciso de la demora asistencial.
Mónica García responde a Feijóo por la ley antitabaco
La reunión también ha estado marcada por la polémica sobre la futura ley antitabaco. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de utilizarla como una "cortina de humo" ante los casos que afectan al PSOE y ha criticado que el proyecto haya avanzado sin el respaldo previo de las comunidades.
Mónica García le ha respondido que "una cortina de humo es lo que tienen que respirar las personas cuando se sientan en una terraza al lado del que está fumando". La ministra ha defendido que los trabajadores de la hostelería y los clientes merecen la misma protección frente al humo que quienes desempeñan su empleo en cualquier espacio interior.
García también ha rechazado las advertencias sobre el impacto económico de la prohibición de fumar en terrazas. Ha recordado que en 2010 se pronosticaron cierres de bares y pérdidas masivas de empleo cuando el tabaco salió del interior de los establecimientos, pero aquellas previsiones no se cumplieron.
La futura ley ampliará los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas colectivas e instalaciones deportivas, además de someter los vapeadores a restricciones similares a las de los cigarrillos convencionales. El proyecto deberá pasar ahora por el Congreso y el Senado, donde el Gobierno tendrá que reunir los apoyos necesarios para aprobarlo.
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