La ultraderecha Vox ha decidido llevar su ofensiva por la crisis de Ceuta hasta el Tribunal Supremo. El coordinador jurídico de la formación ultra y jefe de su delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.
El partido de Santiago Abascal les atribuye presuntos delitos de prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones por imprudencia y colaboración con el terrorismo por la respuesta del Ejecutivo a la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La acusación más extrema, la vinculada al terrorismo, ha sido justificada por Buxadé a partir del "terror" que, según sostiene, se ha generado entre los vecinos de Ceuta.
El anuncio de una querella apenas abre la puerta a que el Supremo estudie su contenido. Tendrá que presentarse formalmente, superar el examen de admisión y aportar indicios suficientes para que pueda iniciarse una investigación. Las acusaciones lanzadas por Vox carecen por ahora de cualquier respaldo judicial.
🔴 URGENTE | @Jorgebuxade anuncia una nueva querella de VOX contra Sánchez, Marlaska y el Secretario de Estado de Seguridad por los delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones, por la invasión de Ceuta. pic.twitter.com/YIi0RB1ln0
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 7, 2026
Del miedo de los vecinos a una acusación de terrorismo
La legislación penal exige bastante más que la existencia de alarma o miedo entre la población. El delito de colaboración requiere haber facilitado o realizado actos de ayuda a una organización, un grupo o una persona terrorista, o haber cooperado en la comisión de alguno de los delitos recogidos en ese capítulo del Código Penal. Vox tendrá que explicar ante los magistrados qué hechos concretos atribuye a cada integrante del Gobierno y con qué organización terrorista vincula supuestamente su conducta.
Buxadé ha llevado todavía más lejos su discurso al asegurar que Sánchez es "un agente de Marruecos" y que el PSOE funciona como su "red de difusión y comunicación" en España. Son afirmaciones de enorme gravedad para las que el dirigente ultra tampoco ha presentado pruebas durante su rueda de prensa.
La formación ya ha empleado acusaciones como el homicidio imprudente y la omisión del deber de socorro en anteriores acciones contra Sánchez por la gestión de la DANA y de los incendios. Ahora vuelve a utilizar el Código Penal como prolongación de su estrategia política mientras mantiene el término "invasión" para referirse a la llegada de migrantes a Ceuta.
La vía por traición necesita otros 56 diputados
Vox pretende abrir también una segunda vía contra Sánchez por supuesta traición y delitos contra la seguridad del Estado. El artículo 102 de la Constitución exige que una iniciativa de esa naturaleza sea promovida por una cuarta parte del Congreso, 88 diputados, y aprobada después por mayoría absoluta, fijada en 176 votos.
Los 32 escaños de Vox resultan insuficientes incluso para poner en marcha el procedimiento. Buxadé ha reclamado que otros 56 parlamentarios respalden la iniciativa, un apoyo que la ultraderecha sigue sin encontrar. Su presión apunta principalmente al PP, al que ha exigido "hechos" y al que vuelve a reclamar la entrada de Vox en el Gobierno de Juan Jesús Vivas en Ceuta.
El partido de Abascal rechaza además el traslado de menores migrantes a la Península para aliviar la situación asistencial de la ciudad autónoma. Buxadé ha exigido que regresen a Marruecos todos los que entraron de manera irregular, "mayores y menores", llegando a pedir que sean puestos "en fila" para su devolución.
La Ley de Extranjería obliga a estudiar individualmente la situación de los menores, escucharles cuando tengan suficiente madurez, recabar informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal y garantizar su interés superior. La repatriación solo puede acordarse mediante la reagrupación familiar o cuando existan servicios adecuados para hacerse cargo de su tutela en el país de destino.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la desclasificación de los informes oficiales sobre la crisis de Ceuta. La documentación podrá consultarse a partir del miércoles.
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