El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, en una resolución en la que considera que los testimonios de ambas constituyen “un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”.
El magistrado ha citado a declarar a las dos mujeres el 3 de febrero de 2027, después de admitir a trámite la acción penal impulsada por ambas extrabajadoras, que relatan haber sufrido agresiones sexuales en un contexto de control e intimidación continuos mientras trabajaron para el artista en 2021, en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
La información forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es, en colaboración con Univision, y recoge el relato de Rebeca y Laura, nombres ficticios utilizados para proteger su identidad.
Delitos que sí investiga y otros que rechaza
En su auto, el juez Antonio Piña rechaza la querella en lo relativo a los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, que también se habían incluido en la denuncia. En cambio, acuerda investigar los delitos de lesiones y trato degradante por hechos cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito.
La resolución llega apenas una semana después de que el magistrado pidiera a las dos extrabajadoras que acreditaran que en este caso se cumplía el requisito de la doble incriminación, es decir, que los hechos por los que se solicita investigar al artista en España también fueran delito en los países donde presuntamente ocurrieron, en este caso Bahamas y República Dominicana.
Los hechos descritos en la denuncia
La querella presentada por Rebeca y Laura acusa a Julio Iglesias de varios delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.
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