El juez José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a acceder a más de 60 cuentas bancarias del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su familia y varias sociedades relacionadas con el 'caso Plus Ultra'. La Audiencia Nacional amplía así el rastreo del dinero después de que la Policía haya identificado nuevos flujos que considera relevantes para esclarecer el origen y el destino de los pagos recibidos por el expresidente y la empresa de sus hijas.
La orden alcanza a Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa y su secretaria, María Gertrudis Alcázar. También incluye las cuentas de Julio Martínez Martínez, señalado como gestor y canalizador de los fondos, y las de numerosas mercantiles vinculadas al entramado investigado.
Calama ha requerido a una decena de entidades financieras que entreguen la información disponible desde el 1 de enero de 2020. Los bancos deberán facilitar los documentos de apertura de las cuentas, sus titulares y autorizados, los extractos completos, las transferencias, las inversiones, las cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero relacionado con las personas y empresas incluidas en la resolución.
El auto, fechado este miércoles 29 de julio, considera las diligencias "necesarias, pertinentes y útiles" para continuar la investigación. Gran parte de los datos analizados hasta ahora procedía de declaraciones tributarias y otra documentación fiscal. El acceso directo a los bancos permitirá comprobar los movimientos reales y reconstruir el recorrido de cada transferencia.
La investigación continúa en fase de instrucción. Las conclusiones de la UDEF forman parte de una hipótesis policial pendiente de contraste, mientras Zapatero niega cualquier participación en el rescate de Plus Ultra y defiende la legalidad de todos sus ingresos profesionales.
Más de 447.000 euros desde Whathefav a las cuentas de sus hijas
Uno de los principales hallazgos del nuevo informe afecta a Whathefav SL, la agencia de publicidad y marketing administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Los agentes han localizado transferencias desde la empresa a las cuentas personales de ambas por un importe conjunto de 447.095,31 euros entre 2021 y 2025.
De esa cantidad, Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros y Alba Rodríguez Espinosa otros 199.904 euros. José Luis Rodríguez Zapatero figura como autorizado en las dos cuentas personales, una circunstancia que la Policía incorpora al análisis de los vínculos financieros entre el expresidente y la sociedad familiar.
La UDEF sostiene que Whathefav se financió durante esos años principalmente con dinero procedente de empresas relacionadas con el entorno profesional de Zapatero y Julio Martínez. Análisis Relevante transfirió 242.423 euros a la agencia, Agropecuaria Lucena aportó 20.993 euros y Pickashop otros 18.150 euros.
La empresa también recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Los investigadores consideran que Whathefav ocupa un lugar central entre los destinatarios finales del dinero canalizado por las sociedades examinadas.
El origen y la justificación de esos pagos se encuentran ahora bajo análisis. La UDEF trata de comprobar si respondieron a campañas, trabajos publicitarios y servicios realmente prestados o si, como plantea el informe, algunos contratos habrían servido para justificar el movimiento de fondos hacia el entorno familiar del expresidente.
La UDEF sitúa a Zapatero como beneficiario principal
El informe policial describe una estructura dirigida presuntamente al ejercicio de influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según la tesis de los investigadores, esas compañías habrían pagado por servicios de intermediación mediante contratos de asesoría que podrían ocultar el verdadero motivo de las transferencias.
La operativa habría descansado sobre las sociedades controladas por Julio Martínez Martínez, amigo y colaborador profesional del expresidente. La UDEF atribuye a Martínez la interlocución con los clientes, la gestión cotidiana de las empresas y la canalización del dinero hacia Zapatero, Whathefav y otras mercantiles de su propio entorno.
"El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal y Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador", recoge el atestado. Los agentes creen que los movimientos internos entre las distintas sociedades dificultaron la trazabilidad y permitieron presentar los pagos bajo conceptos profesionales genéricos.
Entre las empresas utilizadas para introducir o redistribuir fondos aparecen Análisis Relevante, Caletón Consultores, Summer Wind y Zenzap. La investigación también recoge los nombres de otras sociedades hasta ahora desconocidas dentro del procedimiento y pretende comprobar qué actividad desarrolló realmente cada una.
El auto reproduce esta hipótesis con la cautela propia de una causa todavía abierta. La consideración de Zapatero como beneficiario principal procede del análisis de la UDEF y tendrá que sostenerse con las pruebas bancarias, documentales y testificales reunidas durante la instrucción.
Los ingresos recibidos por el expresidente
Los investigadores han identificado 490.780 euros transferidos a Zapatero por Análisis Relevante entre 2020 y 2025. El expresidente ha explicado que ese dinero corresponde a trabajos de consultoría desarrollados para la sociedad de Julio Martínez y rechaza que su amigo actuara como testaferro.
El análisis financiero incorpora además pagos procedentes de distintas compañías y organizaciones. Entre ellos figuran 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 352.980 euros de Gate Center y 200.000 euros de Focus Social Research.
La relación continúa con 159.034 euros de Chinalink, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 104.410 euros de Mimo Advisors, 53.000 euros de Bright Digital Solutions, 49.758 euros de Yuewee International Trade, 47.120 euros del Zayed Award y 31.766 euros de Thinking Heads Américas. Los conceptos declarados incluyen conferencias, mediación, análisis geopolítico, asesoramiento estratégico y otros servicios profesionales.
La autorización judicial permitirá ahora revisar cada pago y comprobar su correspondencia con contratos, facturas y trabajos concretos. La mera recepción de esos ingresos no acredita su origen ilícito, pero la Policía cuestiona parte de las justificaciones y busca determinar si algunas asesorías fueron utilizadas para encubrir retribuciones por el ejercicio de influencias.
Los agentes también examinan varias cuentas compartidas por Zapatero y Sonsoles Espinosa en Santander y CaixaBank. Una de ellas habría sido utilizada para amortizar anticipadamente 498.000 euros de un préstamo hipotecario de 580.000 euros solicitado apenas diez meses antes.
La defensa del expresidente sostiene que los informes policiales omitieron operaciones que explicarían su capacidad económica, entre ellas la venta de una vivienda anterior. El acceso completo a las cuentas permitirá cotejar esa explicación con los movimientos bancarios y la documentación patrimonial.
La vivienda de su secretaria sin préstamo hipotecario
La investigación bancaria se extiende a María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y una de sus colaboradoras más cercanas. Alcázar adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros sin solicitar una hipoteca, según recoge el informe de la UDEF.
El pago se realizó mediante transferencias y domiciliaciones periódicas entre marzo de 2021 y junio de 2023. Los investigadores aseguran que no han localizado herencias, ventas recientes de propiedades u otras operaciones que expliquen de forma inmediata la capacidad económica empleada para completar la compra.
La propia UDEF reconoce que hasta ahora no ha detectado ingresos directos o indirectos procedentes del entramado societario hacia la secretaria. El análisis de su patrimonio responde al papel que la Policía le atribuye en el funcionamiento cotidiano del grupo investigado.
Los agentes sostienen que Alcázar intervino de manera constante en las comunicaciones, el intercambio de documentación y la agenda de Zapatero. El auto recoge que tenía un conocimiento suficiente de las actividades de influencia y que su posición justifica la comprobación de sus cuentas y bienes.
Un entramado de al menos 27 sociedades
La Policía cifra en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez. Varias comparten domicilios, administradores, objetos sociales muy amplios y modificaciones societarias realizadas en fechas próximas, elementos que llevan a los investigadores a sospechar de un control común.
Durante 2020 y 2021 no constaban cuentas personales en España a nombre de Martínez. Desde 2022 aparece como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank con entradas cuyo origen todavía no ha podido determinarse completamente. La UDEF examina si durante los años anteriores operó mediante cuentas de sus empresas, medios de pago extranjeros o dinero en efectivo.
Varias mercantiles registraron movimientos superiores a 1,8 millones de euros, ventas inmobiliarias por 600.000 euros y operaciones relacionadas con vehículos de lujo. El informe menciona igualmente indicios de facturación ficticia y un correo electrónico en el que uno de los interlocutores reconocía que "era una factura falsa".
Inteligencia Prospectiva ocupa un lugar destacado dentro de esta parte de las pesquisas. La sociedad movió más de 2,6 millones de euros pese a declarar una facturación nula o inferior a 35.000 euros durante algunos ejercicios. La UDEF cree que recibió fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y después pagó 561.440 euros a Whathefav, 368.258 euros a Análisis Relevante y 266.200 euros a Gate Center.
Softgestor realizó otras dos transferencias por un total de 145.200 euros a Análisis Relevante. La Policía considera artificioso el contrato utilizado para justificar los pagos y analiza la relación de esta empresa con varias sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela.
Zapatero niega la trama y defiende el trabajo de sus hijas
José Luis Rodríguez Zapatero negó ante Calama cualquier intervención en la concesión de los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a Plus Ultra en 2021. El expresidente aseguró durante su declaración del 17 de junio que jamás habló con responsables del Gobierno o de la SEPI para influir en la operación.
También defendió la legalidad de los servicios prestados a Análisis Relevante y sostuvo que sus ingresos estaban declarados ante Hacienda. Zapatero rechaza que las empresas de Julio Martínez funcionaran como una tapadera para pagarle comisiones y mantiene que su trabajo se centró en la consultoría y el asesoramiento internacional.
El expresidente ha respaldado además la actividad de Whathefav y niega que sus hijas fueran utilizadas como testaferros. Su defensa afirma que la agencia realizó trabajos reales de comunicación, publicidad, gestión de redes sociales y apoyo profesional, incluidos servicios relacionados con la propia actividad pública de Zapatero.
Calama rechazó imponerle medidas cautelares después de su declaración, pese a que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer cada quince días. El magistrado consideró que su notoriedad pública reducía el riesgo de que pudiera sustraerse al procedimiento.
La defensa también ha intentado obtener la nulidad general de las actuaciones por una supuesta vulneración de derechos fundamentales. El juez rechazó esa petición la pasada semana y mantuvo abierta la investigación, mientras varias decisiones procesales continúan pendientes de recurso ante instancias superiores.
Las entidades financieras deberán remitir ahora toda la documentación solicitada al Juzgado Central de Instrucción número 4. La UDEF cruzará esos datos con las declaraciones tributarias, las facturas intervenidas, los contratos de asesoría y las comunicaciones recuperadas durante los registros. El resultado determinará qué movimientos tienen una justificación económica acreditada y cuáles requieren nuevas diligencias o explicaciones de sus titulares.
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