La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en el que solicita la anulación de toda la causa al considerar que una parte esencial de las pruebas utilizadas en la investigación fue obtenida y analizada sin la preceptiva “autorización judicial”. Este periódico ha tenido acceso al escrito íntegro, registrado este 25 de junio, en el que los abogados del exdirigente socialista denuncian una supuesta vulneración de varios derechos fundamentales y piden la expulsión de las actuaciones de todas las evidencias derivadas de dichas pruebas.
En su recurso, la defensa sostiene que se han vulnerado derechos como la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Además, denuncia que se incorporó al procedimiento material obtenido a partir del análisis de comunicaciones privadas y datos personales que, a su juicio, fueron examinados al margen de la autorización de un juez.
El escrito centra buena parte de sus argumentos en las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en 2025. Según la defensa, los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp y otra información digital contenida en dispositivos incautados en el marco de órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internacionales, pero posteriormente reutilizaron ese material para una investigación distinta sin contar con una habilitación judicial específica.
Los abogados de Zapatero sostienen que la Fiscalía abrió diligencias preprocesales con el objetivo de examinar la información contenida en un disco duro que reunía el material extraído durante registros practicados a petición de autoridades francesas y suizas. A partir de ese análisis, argumentan, se elaboraron informes policiales que posteriormente sirvieron de base para nuevas denuncias, registros, detenciones y otras diligencias judiciales.
La defensa cuestiona especialmente el examen de conversaciones privadas atribuidas al abogado Miguel Palomero de Juan. En el escrito se afirma que no consta ninguna resolución judicial que autorizara el acceso y análisis de esos mensajes para fines distintos de aquellos para los que inicialmente fueron obtenidos. Por ello, considera que pudo producirse una vulneración de los derechos a la intimidad, a la protección de datos personales y al secreto de las comunicaciones.
Asimismo, el recurso critica el recorrido procesal seguido por la investigación. La defensa sostiene que la Fiscalía impulsó una pieza separada dentro de unas diligencias que ya habían sido archivadas y que determinadas decisiones judiciales se adoptaron al margen de las reglas de reparto ordinario, lo que, a su juicio, habría vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley.
Como consecuencia de todo ello, Zapatero solicita la nulidad general de las actuaciones y la exclusión de todas las pruebas obtenidas en las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, así como de las evidencias derivadas de ellas. La petición afecta a una docena de resoluciones judiciales, entre ellas las que autorizaron registros, diligencias de investigación, bloqueos de cuentas y la apertura de piezas separadas dentro del procedimiento.
En su escrito, la defensa concluye que la causa se sustenta sobre una cadena de actuaciones que arrancaría de pruebas presuntamente obtenidas de forma irregular, por lo que reclama al tribunal que declare la vulneración de los derechos fundamentales invocados y acuerde la nulidad de todo el procedimiento.
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