La Fiscalía Europea ha puesto el foco en el 'caso Leire' y ha solicitado información para comprobar si alguno de los pagos investigados pudo perjudicar los intereses financieros de la Unión. La petición afecta a una partida destinada a publicidad durante la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 y abre una nueva vía alrededor de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
El movimiento se conoció este jueves, aunque el oficio fue enviado el pasado 7 de julio. El fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez se dirigió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de recibir la denuncia de un particular que pedía examinar un posible desvío de fondos electorales hacia actividades relacionadas con la exmilitante socialista Leire Díez.
El documento solicita aclarar si en la causa española existen indicios sobre los hechos denunciados y si "consta la existencia de fondos europeos afectados". La UCO trasladó el escrito a Pedraz y el magistrado respondió este miércoles que cualquier petición deberá dirigirse directamente a su juzgado, encargado de centralizar la investigación.
Este paso todavía se encuentra en una fase previa. La Fiscalía Europea busca determinar si tiene competencia para intervenir y, por el momento, no consta la apertura de una investigación propia. Su ámbito de actuación se limita a los delitos que puedan causar un perjuicio económico a la Unión, por lo que necesita conocer primero de dónde salió el dinero y cuál fue su destino.
La celebración de las elecciones al Parlamento Europeo tampoco convierte automáticamente la financiación de la campaña en dinero comunitario. Las subvenciones electorales proceden de los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas presentadas por los partidos son revisadas por el Tribunal de Cuentas. La duda planteada ahora consiste en averiguar si, dentro de los hechos investigados por Pedraz, aparece alguna partida europea distinta que permita actuar al organismo comunitario.
El origen de la consulta se encuentra en una inversión publicitaria para el medio digital 'Crónica Libre', vinculado durante su creación a Leire Díez. La documentación incorporada al procedimiento recoge una previsión que llegó hasta los 20.000 euros. La cantidad finalmente ejecutada fue de 14.980 euros netos y 18.125 euros con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Según el informe de la UCO, Mónica Hurtado de Mendoza, directora de cuentas de la agencia Iki Grup, cuestionó ante los investigadores la utilidad de ampliar la inversión en un medio pequeño y con escasa capacidad para asumir más publicidad. La Guardia Civil trata de esclarecer si aquel encargo respondió a una campaña real o pudo servir para canalizar dinero hacia el entorno de Díez.
Otra testigo, la periodista Nuria Coronado, explicó que la exmilitante socialista participó en reuniones previas a la creación de 'Crónica Libre'. Según su declaración, las funciones planteadas para Díez estaban relacionadas con escribir y buscar financiación, aunque no le constaba que finalmente hubiera publicado artículos.
El pago aparece dentro de una investigación mucho más amplia. Pedraz examina una presunta estructura impulsada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para conseguir información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil vinculados a procedimientos que afectaban al partido o al Gobierno. Los hechos y las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.
El PSOE niega cualquier desvío
El PSOE ha respondido este jueves que no forma parte del procedimiento abierto a raíz de la consulta de la Fiscalía Europea. El partido recuerda que las campañas electorales se financian con fondos estatales y que sus gastos pasan por el control del Tribunal de Cuentas.
La dirección socialista sostiene que contrató a una agencia de medios para insertar publicidad electoral en 'Crónica Libre'. Una vez comprobada la prestación del servicio, abonó a la agencia sus honorarios. Según esta versión, el partido no realizó un pago encubierto a Leire Díez ni financió actividades ajenas a la campaña.
El PSOE también asegura que no conoce ningún informe de la UCO que concluya que el dinero entregado a la agencia sirviera para retribuir otros trabajos. Rechaza igualmente que algún testigo haya acreditado ese supuesto y califica esa interpretación de "falsa y no soportada por ninguna evidencia".
La controversia se concentra así en tres elementos concretos. La utilidad real de la contratación, la acreditación de los anuncios difundidos y el destino final del dinero gestionado por la agencia. El control previo del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad electoral no impide que un juzgado examine posteriormente un pago determinado cuando aparecen nuevos indicios o testimonios.
Pedraz mantiene por ahora el control de la causa y ha pedido que la Fiscalía Europea se dirija directamente a la Audiencia Nacional. El contrato con la agencia, las facturas, las inserciones publicitarias y el origen exacto de los fondos quedan en el centro de las comprobaciones judiciales.
