La investigación judicial sobre Leire Díez recupera este miércoles su actividad con la declaración de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Fuentes comparecerá en calidad de investigada en una causa que analiza si la formación socialista destinó fondos a la exmilitante con el objetivo de intervenir en procedimientos judiciales que pudieran comprometer al partido o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes ocupa actualmente un cargo orgánico en el PSOE y es, según la información aportada en la causa, la única persona que mantiene una responsabilidad dentro de la dirección socialista mientras figura como investigada. El juez le atribuye un posible delito de falsedad en documento mercantil, relacionado con varias notas de encargo emitidas para justificar pagos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
La tesis que maneja el instructor es que esos documentos podrían haber servido para dar cobertura formal a unas operaciones cuyo verdadero destino habría sido Leire Díez y otras personas. Pedraz apunta al "presumible concierto" de Fuentes, "quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".
La investigación sostiene que el PSOE habría desembolsado al menos 43.225 euros relacionados con Díez mediante diferentes intermediarios. Entre ellos aparecen el exdirigente socialista Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. Los investigadores atribuyen a Cerdán la organización de una estructura destinada a interferir en determinadas causas judiciales y sitúan a Díez en la coordinación de esas actuaciones.
El procedimiento afecta también a varios antiguos cargos del PSOE. Entre los investigados figuran Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, además de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
La causa tendrá además continuidad este jueves con la comparecencia de Leonardo Marcos, antiguo director de la Guardia Civil y antecesor de González. Su declaración se produce después de que un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) señalara que habría recibido presiones para no implicarse en las pesquisas relacionadas con el hermano del presidente del Gobierno. También está citado como investigado Ismael Oliver, que ejerció como abogado del exasesor ministerial Koldo García. La UCO sostiene que Oliver habría recibido 22.500 euros procedentes del PSOE cuyo destino final sería Díez y lo identifica como "vehículo de pago" a la exmilitante mediante sus sociedades.
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