Leire Díez ha abierto este jueves un doble frente judicial para tratar de impedir que Santiago Pedraz concentre en la Audiencia Nacional las dos causas en las que está siendo investigada. La exmilitante del PSOE ha recurrido las decisiones que permitieron trasladar al magistrado las pesquisas abiertas en Madrid sobre sus presuntas maniobras contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.
Su defensa ha impugnado tanto la providencia de Pedraz que incorpora las actuaciones como la decisión del juez madrileño Arturo Zamarriego de inhibirse y entregar la investigación. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá revisar el primer movimiento, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre el segundo.
Los recursos llegan con el traslado ya materializado. Los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid llevaron el pasado viernes hasta la Audiencia Nacional 14 tomos con 3.847 folios, fruto de una investigación iniciada en el verano de 2025.
Zamarriego aceptó ceder la causa después de considerar que las pesquisas estaban "indisolublemente" unidas y que su esclarecimiento exigía una única instrucción. Pedraz asumió ese planteamiento y recibió un procedimiento que afecta a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La acusación contra la UCO
El recurso dirige sus reproches más duros contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La defensa sostiene que los agentes abrieron en la Audiencia Nacional una investigación "paralela" y "bajo secreto" cuando ya conocían la existencia de las diligencias dirigidas por Zamarriego.
Díez argumenta ante Pedraz que existe una "identidad material de hechos y sujetos investigados". Según su versión, la UCO incorporó a la causa de la Audiencia Nacional actuaciones que ya estaban siendo examinadas en Madrid y practicó diligencias que el primer instructor había rechazado.
También cuestiona el tratamiento dado a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Ambos comparecieron como testigos ante Zamarriego, con la obligación de responder y decir la verdad, mientras las pesquisas de la Audiencia Nacional terminaron situándolos como investigados. La defensa considera que esa circunstancia puede haber afectado a sus garantías procesales.
La exmilitante socialista sostiene además que la transferencia de los 14 tomos se produjo antes de que quedaran resueltos los recursos planteados contra la unión. Su escrito invoca el derecho de defensa, el principio que impide investigar dos veces unos mismos hechos y la garantía de ser juzgado por el órgano establecido previamente por la ley.
El segundo frente cuestiona la propia competencia de la Audiencia Nacional. Díez defiende que los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias investigados en Plaza de Castilla corresponden a un juzgado ordinario de Madrid y recuerda que fue Zamarriego quien abrió primero las diligencias. También advierte de que agrupar todos los hechos puede provocar una "elefantiasis procesal" y convertir la instrucción en un procedimiento difícil de manejar.
Dos investigaciones que ahora convergen
La causa iniciada por Zamarriego se ha centrado durante más de un año en las supuestas gestiones de Díez, Pérez Dolset y Rusiñol para conseguir información comprometedora sobre mandos de la UCO y miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores tratan de aclarar si ofrecieron ventajas personales o profesionales a cambio de datos que pudieran desacreditar a quienes trabajaban en procedimientos sensibles para el PSOE.
Entre los episodios examinados figuran los contactos con los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, una reunión con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y varios encuentros destinados presuntamente a recabar información sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Todas esas actuaciones permanecen bajo investigación y todavía carecen de una resolución judicial firme.
Las diligencias dirigidas por Pedraz comenzaron alrededor de supuestos amaños de contratos públicos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El procedimiento afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, y se ha ampliado durante los últimos meses a antiguos responsables socialistas como Cerdán y Zarrías, además de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
El material intervenido durante esa investigación llevó a la UCO a profundizar en las actividades de Leire Díez y en sus contactos con dirigentes políticos, empresarios y responsables de instituciones públicas. Pedraz considera que su causa tiene un alcance mayor, comprende más delitos y permite examinar la posible intervención de personas con mayor responsabilidad dentro del entramado investigado.
Ese argumento terminó convenciendo a Zamarriego, que aceptó apartarse de la instrucción a petición de Pedraz y con el respaldo de la Fiscalía. La defensa pretende ahora revertir el traslado y mantener separadas las pesquisas sobre los supuestos amaños de contratos y las presuntas maniobras contra investigadores y fiscales.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid decidirán si los 14 tomos y 3.847 folios permanecen bajo la dirección de Pedraz o si una parte de la investigación regresa al juzgado que abrió las primeras diligencias en 2025.
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