Leire Díez ha llevado ante la Audiencia Provincial de Madrid su denuncia por las supuestas grabaciones ilegítimas que dieron origen a la primera causa judicial abierta contra ella. La exmilitante socialista niega que sus reuniones buscaran desestabilizar procedimientos que afectaban al PSOE y sostiene que sus gestiones formaban parte de una investigación periodística.
El recurso presentado por su abogada, Eva Bejarano, combate la decisión del juez Arturo Zamarriego de rechazar varias diligencias solicitadas por la defensa. Díez reclama que se investigue si miembros de la Guardia Civil consultaron sus datos o siguieron sus encuentros antes de que fuera imputada.
La defensa admite que Díez se reunió con empresarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque ofrece una explicación alejada de la tesis que manejan los investigadores. Aquellos contactos tenían como finalidad "conseguir información en el seno de una investigación que estaba llevando a cabo como periodista sobre diversas causas judiciales", según recoge el escrito.
Díez rechaza que pretendiera "desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE" y descarta cualquier "finalidad espuria". La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan, por el contrario, si sus gestiones estaban dirigidas a obtener información comprometedora contra guardias civiles, jueces y fiscales relacionados con procedimientos sensibles para el partido y el Gobierno.
Una "campaña de desprestigio" con grabaciones manipuladas
La defensa sostiene que Leire Díez fue "objeto de grabaciones ilegítimas" durante conversaciones privadas celebradas en un despacho de abogados. Esos audios habrían sido posteriormente "modificados", "cortados" y difundidos en diferentes medios para impulsar una "campaña de desprestigio" que terminó desembocando en el procedimiento judicial.
Entre las grabaciones figura una reunión telemática mantenida en febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos y huido de la Justicia en Dubái. En aquella conversación se escucha a Díez solicitar información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y hablar de posibles favores para el empresario.
La exmilitante identifica a Pedro Gil como presunto responsable de la filtración de ese audio y vuelve a pedir que declare como testigo. También reclama que la Guardia Civil aclare si mantiene o mantuvo alguna relación con el cuerpo y qué actividad pudo desempeñar.
La defensa quiere además que el Delegado de Protección de Datos de la Guardia Civil entregue un registro de las búsquedas realizadas con el nombre de Leire Díez en las bases reservadas del Instituto Armado. La petición incluye las fechas, las direcciones IP y la identidad de las personas que accedieron a esa información.
También solicita los informes, actas o comunicaciones internas que puedan existir sobre las reuniones celebradas los días 10 y 16 de marzo de 2025 entre Díez y Rubén Villalba. El comandante permanece investigado en el 'caso Koldo' por haber facilitado supuestamente teléfonos seguros a la trama formada alrededor de Víctor de Aldama, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
Dos causas abiertas y todavía separadas
El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Las diligencias examinan posibles maniobras contra mandos de la UCO, jueces y fiscales, así como las contraprestaciones que habrían podido ofrecerse a cambio de información.
Este procedimiento continúa separado de la causa que instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Allí se investiga una presunta estructura dedicada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, supuestamente dirigida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez.
Pedraz ha solicitado la acumulación de ambas investigaciones para que todos los hechos queden bajo la dirección de la Audiencia Nacional, aunque la unificación todavía no se ha acordado. Los dos procedimientos permanecen en fase de instrucción y las acusaciones formuladas contra Díez aún deberán ser acreditadas judicialmente.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir ahora si confirma el criterio de Zamarriego o permite practicar las diligencias reclamadas por la defensa. Hasta que llegue esa resolución, las dos causas seguirán avanzando por separado y los registros de la Guardia Civil solicitados por Leire Díez permanecerán fuera del procedimiento.
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